¿Qué consecuencias reales tiene responder al cuestionario de salud de una aseguradora faltando a la verdad?
El Tribunal Supremo se ha pronunciado muy recientemente (en la STS 423/2024 de 1 de abril de 2024) sobre el alcance de las cláusulas delimitadoras
La sentencia del TSJ de Murcia 61/2024 concluye que no siempre genera responsabilidad patrimonial.
El art. 13 de LEC regula la figura de la intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados que tienen un interés directo y legítimo en el resultado del pleito. El
El Tribunal Supremo disipa las dudas, en la Sentencia 1226/2023, pronunciándose en relación con el momento en el que la aseguradora está obligada a hacer frente al pago de los gastos derivados de los accidentes de circulación sufridos por sus asegurados.
Recientemente el Alto Tribunal trae a colación, en la sentencia 116/2024, la interpretación del artículo 1910 del Código Civil (CC), en concordancia con los artículos 1902 del mismo texto normativo, así como el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios (TRLCU), para proceder a relacionar este conjunto normativo con una cuestión básica, aunque aún controvertida en el proceso civil: la carga de la prueba.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha reconocido recientemente en la Sentencia 4658/2023 de 6 de noviembre de 2023 una excepción a la regla general: en los casos de seguros de vida con cobertura de incapacidad permanente la fecha de siniestro no va a quedar determinada por la fecha del dictamen emitido por el Equipo de Valoración de incapacidades (EVI), sino por la fecha de diagnóstico de la enfermedad que dio lugar al reconocimiento de la incapacidad temporal.
En este caso, la Sala de lo Civil resolviendo el recurso de casación 4875/2019, en la Sentencia 1599/2023 de 20 de noviembre de 2023, se ha pronunciado sobre el computo de los plazos de prescripción en caso de reclamación en vía civil por accidente de tráfico.
Día inicial del devengo de intereses moratorios. Se considera como día inicial la fecha de la resolución que determina la responsabilidad del concesionario (asegurado) de indemnizar a los perjudicados por los daños y perjuicios ocasionados en la ejecución del contrato público suscrito
En los últimos tiempos se ha ido perfilando la postura del Tribunal Supremo sobre las dificultades procesales que nos encontramos ante el ejercicio de la acción directa que ejercen los perjudicados frente a las aseguradoras de la Administración Pública.
