C/ Chaves Rey, 2. 41012 Sevilla
954 295 080
954 295 081

En España, todavía hay un gran desconocimiento sobre la importancia del cumplimiento normativo, quedando mucho por hacer para que su papel cale en la sociedad y se comprenda la necesidad del mismo, de ahí la urgencia por su adaptación en las empresas españolas así como la manera de encajarlo en los departamentos.

La llamada “cultura del cumplimiento” marca la identidad económica, política y empresarial de un país. La diferencia de actitud estriba entre crear y constituir pruebas para la defensa o simplemente recopilar evidencias de los controles establecidos previamente. Dado que en sede penal se produce un nivel de impugnación de la prueba superior al de otras jurisdicciones, tenemos que blindar la prueba, cronológicamente y en cuanto a su contenido.

El “Compliance Officer“, nueva figura del mundo empresarial, todavía desconocida, llega por ley a las compañías españolas, después de que haya sido aprobada la Reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados.

Una figura de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos, que aparece como necesidad tras incorporarse la responsabilidad penal de las entidades jurídicas y la implantación de la nueva pena de muerte al establecerse sanciones incluso de disolución societaria.

La medida afecta a todas las empresas españolas, independientemente de su tamaño, debiendo contar con esta figura en su plantilla de trabajadores o encargando a profesionales externos el cumplimiento de esta Ley.

Tanto empresas grandes, como pymes deben plantearse la obligatoriedad de tener su “Compliance Officer“, ya sea en plantilla o bien como un servicio externo contratado, sin duda la mejor opción y más factible para pequeños y medianos negocios. No hay que olvidar que, en cualquiera de los casos e independientemente del volumen de la empresa, las funciones del “Compliance Officer” son determinantes porque, además de ofrecer asesoramiento, coordinación o acompañamiento a las áreas del negocio, las decisiones finales deberán estar consensuadas con éste.

Ponemos a disposición de todas las partes interesadas el presente Canal de Denuncias, con la finalidad de poner en conocimiento de la empresa hechos o conductas que pueden suponer un riesgo de tipo penal para la entidad.

Contacta para más información
C/ Chaves Rey, 2, 41012, Sevilla, España
Tel. (+34) 954 29 50 80 / Fax. (+34) 954 29 50 81
E-Mail: compliance@complianceygestion.com

N

NOVEDADES: la Protección de Datos a través de Compliance.

El Reglamento General de Protección de Datos que implanta la UE en todos los Estados miembros, y al que todas las entidades deben adaptarse con fecha límite de 25 de Mayo de 2018, impone a las empresas, a riesgo de incurrir en penas pecuniarias de hasta 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen de la facturación anual, tomar las medidas pertinentes a fin de adaptarse a las novedades introducidas por el mencionado Reglamento al momento de su aplicación.

Tales medidas pasan, especifica la Agencia Nacional de Protección de Datos, por una visión preventiva en la materia, lo cual supone un análisis exhaustivo de los riesgos en ésta materia, las medidas para mitigarlos o eliminarlos y aquellas otras de cumplimiento normativo en Protección de Datos y que, evidentemente, permitan la acreditación fehaciente de la implantación de un sistema acorde con la norma, mediante políticas, procedimientos, controles, reportes… empresariales internos eficaces.

Por tanto, la Protección de Datos se convierte en una de las principales materias que necesita la implementación de un Programa de Compliance adecuado para cada empresa.

Aplicación de la norma de la Ley de Protección de Datos
N

NOVEDADES: Concurrencia a licitaciones de Contratos Públicos.

Un Programa de Compliance es fundamental a tenor de la regulación existente en la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017.

Acreditar la aptitud de los licitadores en todas sus vertientes es obligatorio aportando documentación bastante de la que se deduzca que no se está incurso en prohibición alguna para contratar (Art. 84 de la Ley 9/2017).

Atendiendo a lo anterior, la primera prohibición de contratar que se estipula coincide plenamente con la comisión de los delitos que son objeto de los Programas de Compliance (Art. 71.1 a) de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017).

La nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 establece la apreciación de la prohibición de contratar (Art. 72.5) introduciendo una excepción en materia de Compliance clarificadora, con el siguiente tenor literal: “No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando… la persona incursa en la causa de prohibición acredite… la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas”.

El Cumplimiento Normativo (Compliance) que viene impuesto desde la Unión Europea, lo introduce en nuestro país la Administración Pública, que lo ampliará a los procesos de obtención de subvenciones, incentivos fiscales y para cualquier otro tipo de ayuda destinada a las personas jurídicas.