Podemos definir los instrumentos preconcursales como aquellos mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para prevenir la insolvencia de las empresas y mejorar la situación financiera de las mismas a fin de evitar que tengan que solicitar su declaración en concurso de acreedores.
A lo largo de la vida de una empresa es muy habitual que surjan conflictos entre los socios, por ello, desde RZS recomendamos anticiparse a dichos conflictos y adoptar medidas preventivas.
El artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización establece el sistema de legalización de libros de los empresarios en formato electrónico para su presentación por vía telemática en el Registro Mercantil competente estableciendo que:
El uso de la vivienda familiar sigue presentándose como el gran problema y la principal fuente de conflictos cuando la crisis o ruptura aparece entre los cónyuges o progenitores según se trate de matrimonios o de parejas de hecho.
Un hecho tan habitual como es depositar nuestro vehículo en el aparcamiento de un hotel o de un parking, puede acarrear importantes conflictos cuando se produce una situación, cada vez más frecuente como los robos y daños que éstos conlleven en los vehículos estacionados.
Los administradores de las sociedades de capital han de formular las cuentas anuales para su aprobación dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social.
Tras la finalización del sistema de ayudas PAC correspondiente a los ejercicios 2015 a 2020, así como el periodo transitorio 2021-2022, el 1 de enero de este año entró en vigor el nuevo sistema de ayudas, que en España se regula por distintos Reales Decretos, concretamente los nº 1045/2022 a 1048/2022.
La relación de agencia comercial se diferencia de otras figuras de colaboración mercantil similares (contrato de distribución, de comisión, de corretaje, …) por su propia definición: el agente se obliga frente a la empresa, de manera continuada o estable y a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.
El derecho al olvido es una vertiente del derecho a la protección de datos personales frente al uso de la informática que se consagra en el artículo 18.4 de la Constitución española, y otorga a su titular la facultad de exigir y lograr la supresión de todos los datos personales que sobre el mismo se hallen en una determinada base o registro de datos.
Dentro del Derecho Tributario es frecuente encontrarse ante situaciones que conllevan graves consecuencias para los contribuyentes, y que pueden suponer incluso el embargo de sus bienes, como consecuencia de no haber tenido conocimiento de la existencia de requerimientos por parte de la AEAT.
