Cuando dos terceros independientes realizan un transacción económica, el conflicto de intereses entre comprador y vendedor (cada una busca su beneficio individual) permite asumir que el precio pactado es justo para las partes involucradas.
Sin embargo, dado que entre partes vinculadas pueden existir otros intereses que podrían afectar los precios pactados en sus operaciones, se establece a los contribuyentes el deber de probar que la fijación del precio de sus operaciones con partes vinculadas sigue criterios similares a los que hubiesen pactado terceros independientes (‘el principio de valor de mercado’).
Cuando los beneficios obtenidos por una empresa (base imponible) en una operación estuviesen afectados por las condiciones pactadas o financieras con sus partes vinculadas, la aplicación del principio de valor de mercado permitirá a la Administración aplicar correcciones de valor sobre las circunstancias pactadas en dichas transacciones para corregir así su efecto.
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