La consabida Directiva «whistleblowing».
El plazo de transposición de la directiva por parte de los Estados miembros será de dos años. Sin embargo, para las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, los Estados miembros podrán redactar las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a la obligación de establecer canales de denuncia interna, en el plazo máximo de cuatro años desde la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación europea.
La directiva se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero, teniendo en cuenta que, más tarde o más temprano, existirá la obligación legal de cumplir con los mandatos de la norma comunitaria, sería conveniente valorar la posibilidad de ir adaptando ya los procedimientos internos de COMPLIANCE, creando canales de denuncia interna conforme a los principios y reglas establecidos por la directiva aprobada.
El objetivo de la directiva «whistleblowing»es establecer un mecanismo de denuncia y de protección eficaz de aquellas personas que denuncian determinadas irregularidades cometidas en entidades privadas o públicas, dada la inexistencia en todos los Estados de la Unión de una ley integral de protección a los denunciantes.
En las entidades privadas, la directiva obliga a establecer, en aquellas empresas de 50 o más trabajadores, un canal de denuncia interno para que sus empleados puedan trasladar, asegurando la debida confidencialidad, la existencia de irregularidades en alguno de los siguientes ámbitos relacionados con el Derecho de la Unión:
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- Contratación pública.
- Servicios productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Seguridad de los productos.
- Seguridad del transporte.
- Protección del medio ambiente.
- Protección contra las radiaciones y seguridad nuclear.
- Seguridad de los alimentos, salud animal y bienestar de los animales.
- Salud pública, Protección de los consumidores.
- Protección de la intimidad y los datos personales y seguridad de las redes y los sistemas de información.
- Cualesquiera otras materias que sean incluidas por los Estados miembros a la hora de instaurar la directiva
El canal de denuncia puede ser gestionado internamente por una persona, o por un externo. Las empresas que tengan entre 50 y 249 empleados pueden compartir recursos para la investigación de las denuncias.
Por el bien de la Directiva «whistleblowing», se tendrán que adoptar las medidas necesarias para prohibir cualquier represalia hacia los denunciantes, incluidas las amenazas, y, en forma de:
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- Suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
- Degradación o denegación de ascensos.
- Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo.
- Denegación de formación.
- Evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales.
- Imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias.
- Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
- Discriminación, marginación o trato injusto.
- No conversión de un contrato de empleo temporal en permanente, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un empleo permanente.
- No renovación o rescisión anticipada de un contrato de trabajo temporal.
- Daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos.
- Inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, formal o informal, que implique que en el futuro la persona no encontrará empleo en dicho sector.
- Resolución anticipada o cancelación de contratos de bienes o servicios.
- Anulación de un permiso o autorización.
- Remisiones médicas o psiquiátricas.
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