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Plusvalía municipal: Análisis de una nueva sentencia favorable a los contribuyentes en Zaragoza

La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza de fecha 11 de diciembre de 2013, objeto de estudio; anula la liquidación impugnada por el contribuyente al acreditar este último que no ha existido incremento patrimonial alguno.

Conviene destacar que el Ayuntamiento alega que no se tiene en cuenta por la parte que en realidad no se ha liquidado conforme al valor real, sino conforme a una valoración catastral que en realidad es muy inferior. Es interesante la contestación emitida por el juzgado y la cual es transcrita a continuación: “Ello es cierto, pero no es sino un reflejo más de la dualidad que se produce entre realidad de mercado y realidad catastral, debida, entre otras cosas, a que en el mercado se valoran las expectativas, de modo tal que un terreno urbanizable en época de expansión inmobiliaria se paga obviamente en función del negocio futuro esperado lo que lógicamente puede elevar, incluso en exceso, su valor. Pero no es esa la cuestión, pues el elemento nuclear es determinar si ha habido incremento de valor o no. Por ello, es irrelevante que el valor catastral fuese muy inferior y que el incremento del valor se calculase con base al mismo, pues lo cierto es que no se ha producido ningún incremento, ni poco ni mucho, sino un gran decremento».

Recordemos que la tributación a efectos de plusvalía municipal requiere que se haya producido un incremento real del valor de los bienes. Si el valor de transmisión es inferior al valor de adquisición del bien por el transmitente, no podrá entenderse, sin más, realizado el hecho imponible, sino que la Administración tributaria deberá comprobar que los valores declarados no corresponden a los reales y así determinar si el bien ha incrementado durante el período en el que se encontró dentro del patrimonio del transmitente su valor.

Es importante tener en consideración que, en la actualidad, nos encontramos con una situación insólita, y es que los precios reales de los inmuebles llevan varios años bajando, por lo que no se puede partir de la presunción de que siempre se produce un incremento como hace la administración tributaria.

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