El procedimiento de desahucio es el cauce judicial para recuperar la posesión de una vivienda o un local cuando el arrendatario deja de pagar, cuando el contrato ha terminado o cuando alguien ocupa el inmueble sin título. Se tramita como juicio verbal ante el juzgado de primera instancia del lugar donde está la finca y, a grandes rasgos, pasa por cuatro fases: actuaciones previas, demanda y requerimiento al demandado, vista y sentencia, y lanzamiento. Su duración varía mucho según el juzgado y según que el inquilino se oponga o se encuentre en situación de vulnerabilidad. Explicamos cada fase, sus plazos y los cambios normativos que conviene tener en cuenta.
Tipos de desahucio
La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé varias acciones según la causa:
- Desahucio por falta de pago de la renta o de cantidades asimiladas (gastos de comunidad, suministros, IBI repercutido), regulado en el artículo 250.1.1º LEC. Es el más frecuente y puede acumular la reclamación de las rentas debidas.
- Desahucio por expiración del plazo contractual, cuando el arrendatario no abandona el inmueble una vez terminadas las prórrogas legales.
- Desahucio por precario, frente a quien ocupa el inmueble por mera tolerancia del propietario y sin pagar renta (artículo 250.1.2º LEC).
- Recuperación de la vivienda ocupada ilegalmente, el cauce sumario del artículo 250.1.4º LEC introducido por la Ley 5/2018, al que se suma la vía penal por usurpación o allanamiento.
Fase 1: actuaciones previas a la demanda
Requerimiento de pago
Antes de demandar conviene requerir el pago de forma fehaciente (burofax con certificación de contenido o requerimiento notarial). Si el arrendador lo hace con al menos un mes de antelación a la presentación de la demanda y el inquilino no paga, este pierde la posibilidad de enervar el desahucio (artículo 22.4 LEC).
Intento de negociación previa
Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige, como requisito para admitir la demanda, haber intentado antes una solución extrajudicial mediante alguno de los medios adecuados de solución de controversias (MASC): mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial u otros. En los desahucios por impago o por expiración del plazo debe acreditarse ese intento; los juzgados han ido fijando criterios sobre cómo hacerlo, por lo que es recomendable documentarlo con cuidado. Un mismo burofax puede servir para requerir el pago y proponer la negociación si se redacta correctamente.
Datos que exige la demanda en vivienda habitual
Tras la Ley 12/2023, de derecho a la vivienda, la demanda debe indicar si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante y si el demandante tiene la condición de gran tenedor. Si es gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, debe acreditar que se ha sometido previamente al procedimiento de conciliación o intermediación de las administraciones públicas. Sin estos datos, la demanda no se admite.
Fase 2: demanda y requerimiento al inquilino
Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia requiere al arrendatario para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague o consigne lo debido (si cabe la enervación) o se oponga alegando razones. En el mismo requerimiento se fijan la fecha de la vista, por si hay oposición, y la fecha del lanzamiento.
Si el inquilino no comparece ni se opone en ese plazo, el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto que pone fin al juicio y se procede directamente al lanzamiento en la fecha señalada. Esta es la llamada vía del «desahucio exprés» introducida por la Ley 37/2011.
Además, el juzgado comunica el procedimiento a los servicios sociales cuando se trata de vivienda habitual. Si estos confirman la vulnerabilidad del ocupante, el proceso puede suspenderse temporalmente para que la administración busque una solución habitacional.
La enervación del desahucio
En el desahucio por falta de pago, el arrendatario puede detener el procedimiento pagando o consignando, antes de la vista o en ella, todas las cantidades reclamadas y las que se hayan devengado después. La enervación solo es posible una vez: no cabe si ya se enervó un desahucio anterior ni si el arrendador requirió el pago fehacientemente con un mes de antelación a la demanda. Sobre esta figura puede consultar nuestro comentario sobre la doctrina del Tribunal Supremo acerca del pago de la renta y la enervación.
Fase 3: vista y sentencia
Si el inquilino se opone, se celebra la vista. En los desahucios por impago las causas de oposición están limitadas: básicamente, haber pagado o la procedencia de la enervación. El juez dicta sentencia normalmente en pocos días y, si es estimatoria, se mantiene la fecha de lanzamiento ya fijada.
Para recurrir en apelación una sentencia que le condena al desalojo, el arrendatario debe acreditar que ha pagado o consignado las rentas vencidas y las que deba pagar por adelantado (artículo 449 LEC); de lo contrario, el recurso no se admite. Esta regla evita que se recurra solo para ganar tiempo.
Fase 4: lanzamiento
El lanzamiento es el acto en que la comisión judicial, acompañada si es preciso por la fuerza pública y un cerrajero, entrega la posesión al propietario. Si el inquilino abandona voluntariamente antes, conviene documentar la entrega de llaves y el estado del inmueble. La deuda que quede pendiente se reclama en la ejecución dineraria de la misma sentencia.
Plazos orientativos del procedimiento de desahucio
- Actuaciones previas: al menos un mes si se quiere impedir la enervación, más el tiempo que requiera el intento de negociación.
- Admisión y requerimiento: entre algunas semanas y varios meses, según la carga del juzgado.
- Plazo del inquilino: diez días hábiles desde el requerimiento.
- Vista y sentencia: si hay oposición, la vista suele señalarse en unas semanas o meses.
- Lanzamiento: en la fecha fijada desde el inicio, salvo suspensión.
En la práctica, un desahucio sin oposición puede resolverse en pocos meses, mientras que uno con oposición, recurso o suspensión por vulnerabilidad puede superar el año.
Desahucio y vulnerabilidad: novedades de 2026
El régimen de protección de las personas vulnerables ha cambiado varias veces en 2026. Las prórrogas de la suspensión extraordinaria aprobadas a principios de año no fueron convalidadas, y en noviembre la Diputación Permanente del Congreso convalidó un nuevo real decreto-ley de vivienda que prevé, entre otras medidas, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030 de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y una «enervación extraordinaria» en la que la administración dispone de dos meses para ofrecer una vivienda alternativa o pagar la deuda. Las reglas varían según quién sea el demandante (persona física, gran tenedor o entidad) y prevén compensaciones en determinados casos. Dado que la situación política puede volver a modificar estas normas, es imprescindible comprobar la regulación vigente al iniciar cada procedimiento.
Ocupación sin título
Cuando no hay contrato, la vía civil del artículo 250.1.4º LEC permite al propietario persona física, a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades públicas propietarias de vivienda social pedir la entrega inmediata de la vivienda: si los ocupantes no acreditan un título en cinco días, el juez puede ordenar el desalojo. En paralelo, la Ley Orgánica 1/2025 permite tramitar como juicio rápido los delitos de usurpación y allanamiento de morada. Puede ampliar esta información en nuestro artículo sobre el fenómeno okupa.
Preguntas frecuentes sobre el procedimiento de desahucio
¿Cuántas mensualidades hay que deber para iniciar un desahucio?
Basta con el impago de una sola mensualidad. No obstante, en la práctica conviene actuar pronto y requerir el pago fehacientemente para evitar que la deuda crezca.
¿Es obligatorio ir con abogado y procurador?
Con carácter general, sí. La excepción de los juicios verbales de cuantía no superior a 2.000 euros rara vez se aplica, porque en el desahucio la cuantía se calcula sobre la renta de una anualidad. Además, los nuevos requisitos de admisión hacen aconsejable el asesoramiento profesional.
¿Se pueden reclamar las rentas en el mismo procedimiento?
Sí. El desahucio por falta de pago permite acumular la reclamación de las rentas y cantidades debidas, incluidas las que venzan durante el proceso.
¿Puede el propietario cambiar la cerradura si el inquilino no paga?
No. Recuperar la posesión por la fuerza puede constituir delito de coacciones o de realización arbitraria del propio derecho. Siempre hay que acudir al procedimiento judicial.
Le asesoramos en su desahucio
Un error en el requerimiento previo, en el intento de negociación o en los datos de la demanda puede retrasar meses la recuperación del inmueble. En RZS Abogados asesoramos a propietarios, empresas y particulares en todas las fases del procedimiento de desahucio y en la reclamación de las rentas impagadas. Contacte con nuestro equipo de derecho inmobiliario para estudiar su caso.



