Marcelo decidió trabajar la sección de Consumo ya que actualmente en los procedimientos llevados a cabo por la Ley 57/68, uno de los temas que más se discute es el perfil del comprador. El motivo, básicamente, es la forma en la que se menciona en dicha ley, que solamente brinda protección a aquellos que adquieran su vivienda para un uso residencial, segunda vivienda o meramente circunstancial. Por tanto, como en la inmensa mayoría de supuestos, las viviendas no llegaron a ser entregadas, la casuística sobre el qué hubiera ocurrido con ese inmueble es un argumento frecuente para las entidades bancarias y aseguradoras.
Esto obliga al comprador a acreditar por todos los medios disponibles que ese inmueble adquirido iba a ser para él y que no lo iba a destinar al mercado inmobiliario, ni estaba siendo adquirido con un mero fin especulativo. Esto nos lleva a pensar, como así lo insinuó la Sala Primera del Tribunal Supremo en 2011, que la Ley 57/68 protege a los compradores que ostenten la condición de consumidor.
No obstante, esta afirmación por parte del Alto Tribunal puede inducirnos a un error si intentamos vincular la palabra consumidor con la normativa de Consumidores y Usuarios tal y como viene definida en la normativa nacional y europea, ya que el comprador de la Ley 57/68, requiere la atención de ciertos matices que no se dan en la normativa de consumidores.
En definitiva, en este tipo de procedimientos será imprescindible el conocimiento no solo de la evolución de la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo sino también de la interpretación de la escueta Ley 57/68 hecha por las Audiencias Provinciales en cuanto al objeto y la carga de la prueba a fin de lograr un correcto encuadre del comprador, como beneficiario de la protección que le otorga esta Ley.
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