El pasado 18 de abril, el Consejo de Ministros adoptó varias medidas de impulso a la actividad económica. De entre estas medidas, tenemos que destacar la “eliminación” para este ejercicio 2008 del Impuesto sobre el Patrimonio.
El impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto “a extinguir” en toda Europa y en el mundo occidental. Tras las sucesivas supresiones de este Impuesto en los últimos años en Alemania, Holanda, Austria, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo, prácticamente sólo quedaba España “aferrada” a este anacrónico impuesto. El impuesto nace hace treinta años como un medio de control pero en la actualidad penaliza cada vez más el ahorro de las familias de clase media, (pues las grandes fortunas lo evitan a través de la planificación fiscal), gravando por partida doble a los contribuyentes.
En cualquier caso, parece que este Impuesto por fin tiene “los días contados”, aunque a la fecha, no se ha aprobado la norma que recoge su eliminación, estando la espera de que se publique la correspondiente Ley aprobada en Parlamento. Lo que aún queda por determinar es cómo va a compensar el Gobierno a las Comunidades Autónomas por la pérdida de los significativos ingresos derivados de este Impuesto que ahora gestionan y cómo afectará esto al bolsillo de los contribuyentes.
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