Servicios intragrupo: cómo justificarlos legalmente
Servicios intragrupo: cómo justificarlos legalmente es una de las cuestiones más sensibles en materia de precios de transferencia. Cuando una empresa presta servicios a otras entidades vinculadas del mismo grupo, debe justificar que dichas operaciones se realizan a valor de mercado, de acuerdo con la normativa vigente y con criterios aceptados tanto por la Agencia Tributaria como por la OCDE.
¿Qué son los precios de transferencia?
Los precios de transferencia son los valores asignados a las operaciones entre empresas vinculadas, como servicios, préstamos, ventas o cesiones de activos. En España, su regulación se encuentra en la ley de precios de transferencia, que exige que estas operaciones se valoren como si se realizaran entre partes independientes.
¿Cómo justificar servicios intragrupo correctamente?
Justificar un servicio intragrupo de forma legal requiere seguir tres pasos fundamentales:
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Demostrar que el servicio ha sido efectivamente prestado
Es necesario contar con documentación que acredite la existencia real del servicio. Correos, informes, contratos y resultados entregables son esenciales. -
Probar el beneficio recibido por la entidad receptora
La empresa que recibe el servicio debe haber obtenido un valor añadido claro y concreto. Si no hay utilidad, la administración puede rechazar la deducibilidad del gasto. -
Aplicar un método de valoración aceptado
El más habitual es el método del precio libre comparable. Sin embargo, dependiendo del caso, también puede usarse el coste más margen o la distribución del resultado.
Documentación exigida
La documentación de precios de transferencia en España está regulada por la normativa de precios de transferencia y debe incluir:
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Un análisis funcional de precios de transferencia (funciones, riesgos y activos de cada parte).
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Un informe de precios de transferencia que detalle las operaciones, métodos utilizados y análisis de comparabilidad.
¿Qué riesgos existen si no se justifica bien?
Una incorrecta valoración puede derivar en ajustes fiscales, sanciones y pérdida de deducciones. La Agencia Tributaria examina especialmente los servicios precios de transferencia, sobre todo si no se aportan pruebas suficientes o si los costes son desproporcionados.
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