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La Ley Concursal evitará ‘in extremis’ miles de quiebras en empresas zombis
El Congreso de los Diputados tiene agendadas varias votaciones importantes este jueves, como la convalidación del real decreto de eficiencia energética o el nuevo sistema de cotización para autónomos, pero también la modificación de la Ley Concursal, que vuelve a la Cámara Baja después de haber obtenido por primera vez el apoyo del hemiciclo en el mes de junio. Este texto incorpora la nueva normativa comunitaria en materia mercantil y
persigue “asegurar la continuidad de empresas y negocios que son viables, pero que se encuentran en dificultades financieras que pueden amenazar la solvencia y acarrear el consiguiente concurso”, según señala la nota informativa del Congreso.
La aprobación del proyecto de Ley para la reforma de la Ley Concursal se topó con la aprobación de cuatro enmiendas de carácter técnico en el Senado, de las más de 250 presentadas, por lo que la segunda votación en el Congreso quedó pendiente al fin del pasado curso político. El Ejecutivo confía en que el texto normativo salga adelante este jueves y consiga evitar la avalancha de quiebras en empresas zombi, por las que organismos como el Banco de España o el Consejo General de Economistas han manifestado su preocupación ante el fin de la moratoria que eliminaba la obligación de presentar concursos de acreedores al enfrentar problemas de tesorería. Esta excepción, después de varias prórrogas, se extendió durante dos años para amortiguar los efectos de la pandemia en el tejido empresarial, por lo que la llegada de su ‘fecha de caducidad’ hizo saltar todas las alarmas. El proyecto de reforma pretende atajar esta problemática de la mano de algunas modificaciones importantes, ya que al vencer esta moratoria, el plazo para declararse en concurso de acreedores es de solo dos meses, por lo que la cascada de procedimientos y quiebras se daría con la entrada en el mes de septiembre. El texto busca promover la fase pre-concursal como una vía ágil para que las firmas solventes salgan adelante a pesar de enfrentar problemas financieros puntuales. El uso de estos instrumentos preconcursales, según recoge el propio documento, ha sido relativamente reducido en España por lo que pasan a eliminarse en favor de uno nuevo, que incorpora la posibilidad de que las empresas puedan acogerse a los planes de restructuración en una situación de probabilidad de insolvencia, en lugar de la insolvencia inminente que se exige actualmente.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se encomendaba el pasado mes de junio a esta modificación normativa ante el fin de la moratoria, la cual calificaba como una de las reformas estructurales más importantes para poner a España “entre los países más avanzados”. Entre sus modificaciones, el proyecto de Ley incorpora un procedimiento de
insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de diez trabajadores que busca elevar sus posibilidades de supervivencia. Además, regula por primera vez el ‘pre-pack’, el mecanismo por el que la empresa puede vender una o más unidades productivas para obtener fondos con los que hacer frente a sus deudas antes de la solicitud de concurso de acreedores, bajo la supervisión de un profesional designado por el juzgado.
Sin embargo, las dudas sobre la capacidad de la nueva Ley Concursal para frenar la avalancha de concursos de acreedores son más que lógicas para algunos expertos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió que el número de concursos de acreedores presentados en 2021 era un 37,5% superior que los de 2020 y un 57% mayor que el dato de 2019, previo a los estragos de la pandemia. De cara a este 2022, el despacho RZS Abogados, tras llevar a cabo un estudio, estimó que durante la segunda mitad del año el aumento de las solicitudes sería “desmesurado” si no se tomaban medidas económicas y financieras para contenerlo. La reforma normativa permitirá que miles de empresas solucionen sus problemas de solvencia antes de verse obligadas a solicitar declararse en concurso de acreedores, en especial pymes con problemas de liquidación puntuales, mas es complicado estimar cuánto modificarán estas previsiones.
El Banco de España, en su evaluación anual, señaló que en España hay unas 40.000 empresas ‘zombis’, es decir, que durante dos años no han generado suficientes beneficios para pagar sus deudas y siguen adelantes gracias a las ayudas de refinanciación y la vigente hasta junio moratoria para declararse en concurso de acreedores. El grupo de opinión y reflexión EuropeG también destacó que este incremento de pymes vulnerables y con problemas de solvencia se había dado en España de manera mucho más acentuada que en el resto del continente, dato que achacaban a la tercerización de la mayoría del tejido empresarial. En 2021, un 7,1% de las pymes estaban en esta situación en España, mientras que en la Eurozona representaban solo un 4,4%.
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