El peligro del procedimiento al que se enfrentan quienes manejan fondos públicos

El procedimiento sobre responsabilidad contable conlleva riesgos significativos y plantea desafíos en términos de presunción de inocencia y carga de la prueba.

En los últimos años, hemos sido testigos de una creciente preocupación por los delitos de corrupción política, en particular la prevaricación y la malversación de caudales públicos. Esta situación ha puesto de relieve la importancia de la responsabilidad contable y se espera que el número de procedimientos relacionados con ella aumente a medida que se resuelvan las macrocausas y se ejecuten las correspondientes penas.

Según la Memoria de Actuaciones del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2022, durante ese periodo se llevaron a cabo un total de 282 actuaciones de instrucción o investigación previas al procedimiento de reintegro por alcance. Estas incluyeron 218 diligencias preliminares y 64 acciones públicas. De las 218 diligencias preliminares incoadas, 58 surgieron a partir de Informes de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, 65 de Informes de Fiscalización de los Órganos de Control Externo (OCEX), 89 de Informes de otras Instituciones Públicas y seis de denuncias particulares. En total, se resolvieron 553 asuntos entre la Sala de Justicia y los tres Departamentos de Instancia.

Dos casos reales ejemplifican los desafíos a los que se enfrentan los responsables de gestionar los fondos públicos. En el primero, relacionado con la administración local, la Agrupación de Interés Económico (AIE) que agrupaba a todas las empresas públicas municipales, presentó una denuncia particular ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en la licitación de servicios de seguridad. Tras la fase instructora del procedimiento, solo se consideró «indiciariamente» responsable al consejero delegado de la AIE por un posible menoscabo de los fondos públicos.

En el segundo caso, relacionado con la administración autonómica, se abrieron actuaciones previas tras un Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía que mencionaba gastos de representación injustificados y pagos de salarios a trabajadores que no prestaban servicio en la entidad correspondiente. Al presentar pruebas, se demostró que los gastos de representación estaban justificados y que los trabajadores en cuestión desempeñaban funciones en un observatorio adscrito a la misma consejería.

La responsabilidad contable es un concepto poco conocido incluso para los operadores jurídicos, pero desempeña un papel fundamental en la gestión de los recursos públicos. Implica la obligación de los gestores públicos de actuar de manera transparente y eficiente, y de responder por los posibles daños y perjuicios causados a la comunidad. Además de tener implicaciones legales, la responsabilidad contable también tiene un componente ético, ya que se basa en la confianza que la sociedad deposita en aquellos que manejan los recursos públicos.

La mala gestión de los fondos públicos puede dar lugar a acusaciones de corrupción, lo que conlleva graves consecuencias legales y sociales. Por tanto, la responsabilidad contable es esencial para garantizar una gestión transparente y eficiente, prevenir la corrupción y fomentar la confianza en las instituciones. Además, permite sancionar a aquellos gestores públicos que incumplen sus obligaciones o cometen actos de corrupción, lo que contribuye a mantener la integridad y la ética en la gestión pública.

La mala gestión de los fondos públicos puede dar lugar a acusaciones de corrupción, lo que conlleva graves consecuencias legales y sociales

Es importante destacar que la responsabilidad contable no solo recae en aquellos que cometen intencionalmente actos de corrupción, sino también en aquellos que, por negligencia o culpa grave, causan un menoscabo a los fondos públicos debido a su descuido inexcusable. Esto incluye a aquellos que, debido a su formación, conocimiento, experiencia, responsabilidades o deberes, deberían haber tomado precauciones que hubieran evitado el daño, pero no lo hicieron.

Sin embargo, existe un aspecto preocupante en el procedimiento de responsabilidad contable. A diferencia de otros casos legales, los gestores públicos involucrados se ven obligados desde el principio a garantizar su responsabilidad antes de que se celebre el juicio plenario donde se determine y pruebe dicha responsabilidad. Esto implica una quiebra del principio de presunción de inocencia y de la carga de la prueba. Los presuntos responsables se ven obligados a buscar fondos, avales o garantías para asegurar el eventual pago con cargo a su propio patrimonio, sin haber sido juzgados e incluso sin haber sido escuchados en algunos casos.

Por ello es importante que los funcionarios y cargos públicos tomen todas las precauciones necesarias al manejar los fondos públicos y busquen asesoramiento especializado en esta área. La responsabilidad contable es una materia específica y compleja, y contar con el apoyo de expertos resulta esencial, dadas las particularidades y especialidades de la jurisdicción no judicial competente en esta materia.

En conclusión, la responsabilidad contable es una herramienta fundamental para garantizar una gestión transparente, eficiente e íntegra de los fondos públicos. Sin embargo, el procedimiento al que se enfrentan aquellos que manejan los recursos públicos conlleva riesgos significativos y plantea desafíos en términos de presunción de inocencia y carga de la prueba. Por tanto, es crucial que los responsables cuenten con el asesoramiento adecuado y tomen todas las precauciones necesarias para evitar cualquier problema en el ejercicio de sus funciones.

* Elia Hernández es responsable del área de responsabilidad contable de RZS Abogados.