Diario de Sevilla
CARLOS CASTRO
Socio del área Fiscal de RZS Abogados
EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: OBJETO DE UNA BATALLA POLÍTICA
La batalla del Impuesto sobre el Patrimonio
Aconsejamos que, antes de tomar decisiones precipitadas, esperemos a analizar cómo y en qué medida podría afectarnos este nuevo impuesto.
La propia existencia del Impuesto sobre el Patrimonio, vigente desde 1978 siempre ha sido objeto de debate. En un principio, tuvo un carácter cuasi censal, sirviendo como herramienta de control del IRPF. Contra su existencia, se ha argumentado que genera una doble imposición sobre la renta que ya ha tributado en el IRPF. Y no sólo por este concepto, sino también en los casos de compraventas de determinados bienes, tributando la misma por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y ante una adquisición lucrativa, gravándose ésta en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se trata de un impuesto estatal, pero cedido a las comunidades autónomas (CCAA), de manera que éstas pueden aplicar reducciones en el mínimo exento, modificar la tarifa y aprobar deducciones y bonificaciones en la cuota del impuesto.
Esta circunstancia hace que, desde mi punto de vista, se haya convertido en un arma de confrontación política, según quien gobierne en el Gobierno estatal o en las distintas CCAA, ya que, mientras unos piden en la oposición su derogación o la bonificación íntegra de sus cuotas, posteriormente, alcanzado el Gobierno nacional, y con la posibilidad de llevar a cabo incluso su supresión, no cumplían aquello que antes reclamaban.
Ejemplo de ello lo encontramos en el caso de Madrid, que fue la primera de las CCAA en bonificar el 100% de su cuota (lo que conllevaba de hecho, la supresión del mismo), quien fue acusada de dumping fiscal, o la polémica generada en los últimos días, con la aprobación del Decreto Ley de Andalucía, 7/2022, de 20 de septiembre 2022, por el que se aplica a los residentes en dicha comunidad autónoma, una bonificación del 100% de la cuota resultante del impuesto, si ésta es positiva.
El uso político del tributo queda claro cuando tras la aprobación del citado Decreto Ley, desde el Gobierno del Estado, y ante la «eliminación» del IP por algunas CCAA, se ha anunciado la futura introducción en el ejercicio 2023, del llamado, eufemísticamente, «Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas», que afectará a los patrimonios netos superiores a los tres millones de euros, siendo los tipos impositivos del 1,7% para los comprendidos entre dicha cifra y 5 millones de euros; del 2,1 % para los comprendidos entre 5 y 10 millones; y del 3,5% para los patrimonios que superen dicha cantidad.
En principio se trata de un impuesto temporal para los ejercicios 2023 y 2024, aunque se incluirá una cláusula de revisión al término de dicho período por si es necesario mantenerlo o suprimirlos.
Para evitar la doble imposición, los sujetos pasivos de este nuevo gravamen sólo tributarán por la parte que no haya sigo gravada en su CCAA, lo que viene a significar que un residente en Madrid o Andalucía, con un patrimonio neto superior a los 3 millones de euros, tributará, al menos, por un importe de 51.000 euros, salvo que le resulte de aplicación algún tipo de límite a la cuota, cuando, de acuerdo con la normativa propia de esas comunidades, no existiría importe alguno a ingresar.
De acuerdo con el Art. 134.7 de la Constitución, no se pueden crear impuestos a través de las Leyes de Presupuestos, por lo que será necesaria aprobar una Ley específica para la creación del mismo.
La figura está diseñada para combatir las bonificaciones de las comunidades autónomas que en la práctica han eliminado el impuesto, lo que será fuente de problemas, ya que las CCAA podrán alegar, no sin razón, que se han invadido sus competencias, así como el sistema de cesión de tributos, contemplado en los Arts. 10 y 11 de la Lofca, lo que conllevará, casi con total seguridad, a que se acuda a la vía judicial, como ya han adelantado que realizarán, los gobiernos de Andalucía y Madrid.
Aconsejamos que, antes de tomar decisiones precipitadas, por ejemplo, de cambios de residencia para reducir la carga fiscal, o simplificar algunos de los requisitos necesarios para calificar una actividad empresarial o la tenencia de acciones o participaciones en entidades societarias, como «familiares» y exentas del IP, esperemos a analizar cómo y en qué medida podría afectarnos este nuevo impuesto ya que, parece ser, que los tenedores de grandes patrimonios de una forma u otra tendrán que seguir tributando por éste. Salvo decisión judicial en contra de su aplicación.
Y ya sabemos que, en materia tributaria, las prisas son malas consejeras.