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Una primera aproximación a la reclamación de la nulidad de los swaps

Durante la época de bonanza económica fue práctica habitual de las entidades financieras ofrecer a los clientes que solicitaban financiación para su negocio, la suscripción de un contrato de permuta financiera (swap) como complemento a dicha financiación.

 

Los bancos ofrecían la suscripción de dichos contratos para “proteger” al cliente frente a una previsible tendencia al alza de los tipos de interés, comercializándolos como un seguro.

 

Pero ¿qué es en verdad un contrato de swap?. No es un seguro contra subidas de tipo de interés. El swap es un contrato mediante el cual dos personas —normalmente con el banco como intermediario—, intercambian (permuta) entre sí los flujos de intereses a pagar por una financiación.

 

Así, en el swap más básico, al cliente que obtenía una financiación con un tipo variable (normalmente Euríbor más un porcentaje) el banco le ofrecía suscribir un contrato con otra parte que tenía una financiación a tipo fijo, ejerciendo el banco de intermediario (si bien en la práctica, el banco asumía la posición del tercero y se convertía en la contraparte), de tal manera que el cliente pagaría el tipo fijo, pero recibiría a cambio los intereses variables.

 

Sin embargo, la bajada de los tipos de interés de los últimos años motivada por la situación de crisis financiera, ha provocado que las empresas que tenían firmados contratos de swap, se hayan visto obligadas al pago de cuantiosas liquidaciones a los bancos.

 

Y ello por cuanto no se le informaba de la otra cara de la moneda, esto es, qué pasaría si los tipos de interés bajaban (cuando, en muchos casos, el banco ya conocía que los tipos de interés bajarían). En este caso, los clientes seguirían pagando el tipo fijo y no se beneficiarían de la bajada de los tipos de interés que contenía su financiación principal.

 

Esta falta de información completa sobre la realidad del contrato que ofrecían a los clientes ha motivado que los juzgados y tribunales estén estimando las demandas de nulidad de dichos contratos sobre la base de la existencia del error a la hora de prestar el consentimiento.

 

Demandas que ya han llegado al Tribunal Supremo que, en recientes sentencias, ha sentado doctrina fijando los criterios para estimar este tipo de reclamaciones. Las analizaremos en próximos artículos.

 

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