5 Min. de lectura

Una modificación muy significativa de la Ley de Sociedades de Capital

El 2 de agosto de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2011.

Tal como se plantea en su exposición de motivos la Ley tiene cuatro objetivos:

1) Reducir el coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital.
2) Introducir nomas de modernización.
3) Suprimir algunas diferencias injustificadas entre el régimen de las SA y las SL.
4) Trasponer a nuestra legislación interna la Directiva 2007/36/CE sobre determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas.

Con respecto a dichos objetivos, cabe mencionar que las novedades más significativas son:

En relación con la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital:

Se introduce la posibilidad de que las SA (siempre y cuando sus acciones no sean al portador o sea una sociedad cotizada) establezcan en sus estatutos sociales, tal como venía pasando en las SL, que la convocatoria de la Junta se hará únicamente por la web o por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita. Si la sustitución del anuncio en prensa por la publicación en la web ya supuso un ahorro para las SA, la posibilidad de no tener que publicar el anuncio de la convocatoria de la Junta en el BORME, supondrá asimismo, otro ahorro muy significativo para dichas sociedades.

Asimismo, desaparece la obligación de las SA de publicar en prensa el anuncio relativo a su disolución, al modificarse el artículo 369 LSC, y de publicar anuncios en su web, o en caso de no contar con ella en dos periódicos de anuncios relativos al cambio de denominación, domicilio o modificación del objeto social; a la par que desaparece la obligación de publicar en el BORME el estado actual de las cuentas de una SA o SL en liquidación cuya existencia se prolongue por un plazo superior a un año.

Por último, se facilita el ahorro a las SA en liquidación al eliminar la obligación que existía de vender los inmuebles en pública subasta, art. 387.

En relación a la introducción de nomas de modernización.

La primera modificación que la Ley 25/2011 hace a LSC es la inclusión del artículo 11 bis, relativo a la sede electrónica que exige que la creación de una web corporativa tenga que ser acordada por la Junta, y que la misma debe ser inscrita en el Registro o bien notificada a todos los socios.

En relación a este artículo, si bien su entrada en vigor disipa la duda que existía con respecto a si los Notarios tienen que manifestar haber visto publicado en la web los anuncios de la sociedad o era suficiente con la palabra del administrador, al decantarse la Ley 25/2011 por esta segunda opción al decir que será a cargo del administrador la prueba de certeza de la publicación, también ha generado nuevas cuestiones ¿Qué sucede con las webs que ya estaban anotadas pero no inscritas en el Registro, será necesario un acuerdo de junta para ser tenidas en consideración cómo página web corporativa o se entenderá como suficiente la anotación ya recogida en el Registro?.

Otro de los artículo que se modifican, al objeto de resolver la incoherencia en la que se encontraban hasta el momento, es el actual artículo 168 de la LSC, ya que viene a establecer que el plazo para la celebración de la Junta solicitada por al menos el 5% del capital social deberá celebrarse en los dos meses siguientes a la fecha en la que el órgano de administración fue requerido notarialmente para su convocatoria. De este modo se rompe con la incoherencia de la regulación anterior que únicamente concedía un mes para la celebración de la Junta desde el requerimiento notarial, plazo que era imposible de cumplir en los supuestos de SA, puesto que en dichas sociedades debe transcurrir al menos un mes desde la fecha de la convocatoria de la junta y el momento de su celebración.

La introducción en la LSC de un artículo 212 bis relativo al administrador persona jurídica, evidencia el interés del legislador en regular de un modo preciso una realidad cada vez más frecuente dentro de los órganos de administración de las sociedades.

Por otra parte, y al objeto de evitar que la actitud del Presidente del Consejo pueda dificultad la actividad del Consejo, al no convocarlo, se permite que el Consejo de Administración sea convocado por al menos 1/3 de sus miembros, si previa petición al Presidente, éste sin justa causa no lo hubiera convocado.

La aparición del artículo 348.bis relativo al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, tiene como objeto regular una situación a la que con anterioridad ya habían dado respuesta los tribunales, al objeto de proteger a todo socio minoritario que se ve perjudicado por la falta de distribución de dividendos aún cuando la sociedad tiene beneficios, protegiendo de este modo el derecho de todo accionista a participar en los beneficios de la sociedad. No obstante lo anterior, llama la atención que el legislador haya establecido un plazo de cinco años desde la inscripción en el Registro de la Sociedad y no desde el último ejercicio en el que se distribuyeron dividendos para ejercitar dicho derecho de separación y, por tal motivo, será posible que cualquier socio solicite su separación de la sociedad cuando está haya decidido destinar los beneficios a reservas voluntarias ante la posibilidad, hoy tan presente, de que en los ejercicios futuros haya pérdidas como consecuencia de la crisis económica.

En relación a la supresión de algunas diferencias injustificadas entre el régimen de las SA y las SL.

La primera diferencia entre SA y SL que suprime la Ley 25/2011, es la relativa al modo o modos de organizar la administración de la Sociedad. Hasta el momento en los estatutos de una SA sólo era posible establecer un tipo de administración. Sin embargo, la Ley 25/2011 permite que en los estatutos de la SA se establezcan varios modos de organizar la administración, por lo que si la Junta de una SA se decide a cambiar el modo de administración, ello no conllevará una modificación estatutaria, salvo claro está en los supuestos que acuerden un modo de administración distinto a los establecidos estatutariamente.

Otro punto, en el que se procede a suprimir la diferencia entre SA y SL, es permitir a las SA establecer en sus estatutos, con el consentimiento de todos los accionistas, determinadas causas de exclusión de socios, artículo 351.

El artículo 263 LSC relativo a las causas de disolución de la sociedad, viene a establecer la falta de actividad ya no sólo como causa de disolución de las SL, sino también como causa de disolución de las SA., a la par que se modifica el plazo de tiempo a partir del cual una sociedad que se encuentre inactiva se encuentra en causa de disolución, reduciéndose dicho plazo de 3 a 1 año.

En lo relativo al proceso de liquidación de la sociedad se procede a establecer también para las SA que quienes fueran administradores de la sociedad pasen a ser los liquidadores de la misma, salvo disposición en contrario de los estatutos o acuerdo de la junta, tal como ocurría en las SL, y se unifica en un solo apartado la responsabilidad tanto de los liquidadores de las SA como de las SL ante los socios y acreedores por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de su cargo.

En relación a la trasposición a nuestra legislación interna de la Directiva 2007/36/CE

Se han incluido modificaciones en la LSC facilitando el derecho de información y voto de los accionistas de las sociedades cotizadas. Del mismo modo, se facilita la participación electrónica de los accionistas en la Junta, y la posibilidad que tienen los mismos de introducir puntos en el orden del día o ejercer el derecho a la información obligando a la sociedad a entregar con tiempo suficiente a sus accionistas la información sobre la que se va a debatir en la Junta.

Solicite más información:

Solicite ahora más información sobre los servicios de RZS Abogados,

– Póngase en contacto con nosotros a través del formulario web.
– Llámenos al 915 433 123

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Contacta con RZS

O si prefieres te llamamos nosotros