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Un vistazo a las últimas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que nació bajo una apariencia inofensiva al objeto de unificar en un solo texto legal la Ley de Sociedades de Anónimas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ha generado para los profesionales de la abogacía más dificultades que las previstas inicialmente, por cuanto la labor de armonización, aclaración y regularización que se han producido en el nuevo Texto Legal ha supuesto variaciones tanto en la regulación de las Sociedades Anónimas como de las Sociedades Limitadas.

A la hora de resolver las dudas que la actual Ley nos plantea en relación con lo que venía siendo la práctica habitual en Sociedades Anónimas y Limitadas, las resoluciones publicadas en los últimos meses por la Dirección General de los Registros y del Notariado nos pueden ayudar a una mejor interpretación de la nueva Ley en los siguientes supuestos:

Sobre el número de administradores: Resolución de 11 de mayo de 2011, publicada en el BOE de 4 de junio de 2011.

En la presente resolución la DGRN resuelve si en los estatutos de una sociedad limitada en la que se había establecido “varios administradores solidarios”, existe la exigencia de determinar el número de ellos o al menos el número mínimo y máximo.

Al respecto la Dirección General de los Registros y del Notariado establece que si bien previamente a la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital había entendido reiteradamente que en una Sociedad Limitada al contrario de lo que ocurría en las Sociedades Anónimas no se exigía la determinación en los estatutos del número de Administradores, ni en su defecto el número máximo o mínimo, el texto refundido es el resultado de la regularización, aclaración y armonización de la Ley de Sociedades Anónimas y Limitadas, y con su entrada en vigor se extiende a las Sociedades Limitadas la exigencia de concreción del número de administradores que previamente sólo era exigible a las Sociedades Anónimas.

En el mismo sentido que la Resolución indicada, se manifiesta la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de mayo, en sus disposiciones: sexta, séptima y octava; al establecer la necesidad de concretar el número de administradores o en su caso el número máximo o mínimo de los mismos.

Sobre la liquidación de sociedades: Resolución de 29 de abril de 2011, publicada en el BOE de 23 de mayo de 2011.

En dicha resolución la DGRN resolvía sobre el recurso interpuesto por una sociedad en liquidación, contra la negativa del Registrador Mercantil a inscribir la escritura de extinción de dicha sociedad al tener dicha sociedad un acreedor.

El motivo alegado por el Registrador Mercantil para no proceder a la inscripción de la extinción de la sociedad es que la sociedad contaba con una acreedor al que no se le había pagado ni asegurado su crédito por estar la sociedad en estado de insolvencia total y definitiva. Ante tal situación, entiende el Registrador que el procedimiento que debería haber seguido la sociedad es la liquidación a través de un procedimiento de concurso de acreedores (art. 142 y siguientes de la Ley Concursal).

La Dirección General de los Registros y del Notariado, estima el recurso presentando por la sociedad, sin entrar a juzgar la procedencia o no de la declaración del concurso. Considera la DGRN que la inscripción de la escritura de extinción, no conlleva consigo un perjuicio al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad, aunque aparezca extinguida en el Registro, para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes (art. 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 de la Ley de Sociedades de Capital y 228 del Código de Comercio).

Así pues, la Dirección General de los Registros y del Notariado entiende que en el supuesto de tener únicamente un acreedor y ponerlo de manifiesto en la escritura de liquidación de la sociedad podremos proceder a la liquidación de la misma, sin que suponga pérdida de los derechos del acreedor.

Esta última resolución da una salida a todas aquellas empresas que teniendo únicamente un acreedor al que no pueden abonar su deuda desean proceder a su liquidación, pero que en muchas ocasiones no saben cómo actuar y se mantenía la sociedad inscrita en el Registro si bien carecía de toda actividad.

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