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Un mayor control para evitar el blanqueo de capitales

El 29 de abril de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que entraría en vigor el día después de su publicación.

Esta Ley transpone la Directiva 2005/60/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la Prevención de la Utilización del Sistema Financiero para el Blanqueo de Capitales y para la Financiación del Terrorismo, la cual vino a redactarse por el legislador comunitario al tener un conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como, el desarrollo de las políticas públicas en esta materia.

La nueva Ley no sólo transpone la Directiva sino que viene a desarrollarla, algo que la misma Directiva ya planteaba en aras a que cada Estado atendiese los riesgos concretos que se pueden dar en su territorio. En este sentido, cabe indicar, que el legislador español ha redactado una Ley aún más rigurosa que la Directiva.

La nueva Ley tiene como objetivo regular los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo, estableciendo una serie de obligaciones para los sujetos obligados (entidades de crédito, aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, notarios, abogados… entre otros) entre las que se incluye: la identificación de las personas que participan en la operación financiera, el seguimiento de la misma, el examinar con detalle de cualquier operación que resulte compleja, inusual o que no tenga ningún fin económico, teniendo como obligación comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, cualquier hecho u operación, incluso tentativa en la que exista indicio o certeza de que está relacionada con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Como se ha señalado en el párrafo anterior, los abogados formamos parte de los sujetos obligados por esta Ley cuando se participa en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento de fideicomisos (“trust”), sociedades o estructuras análogas, o cuando se actúa por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. Así como, cuando se ejerzan funciones de secretaria de una sociedad, o se facilitan su domicilio social u otra dirección a una sociedad.

Sin embargo, y aunque el legislador ha establecido a los abogados como sujetos obligados por la presente ley, no ha podido obviar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 542.3 que: “los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre los mismos.” Por tal motivo y, para que no se produzca una contradicción entre las dos leyes, el legislador español ha procedido a incluir en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el artículo 22, el cual establece una excepción concreta para los abogados como sujetos obligados, indicando que el abogado no se verá obligado a comunicar por indicio ni tendrán que colaborar con la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias con respecto a las informaciones que reciba de su cliente o obtenga sobre el mismo en el desarrollo de su trabajo, salvando de este modo cualquier posible contradición con el secreto profesional.

Por último, con la nueva Ley el legislador ha tratado de evitar la dualidad normativa que hasta el momento existía en la legislación española, al reunir en una sola norma los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo.

Así pues, la nueva Ley es un paso más contra la lucha del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, en ella se trata de aunar todos los conocimientos adquiridos en estos últimos años en la materia y dar respuesta a las deficiencias o dualidades que se recogían en la Ley 12/2003 de 21 de mayo.

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