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Retribución de administradores: Novedades legislativas

Tras los últimos escándalos publicados (“tarjetas black” y otras retribuciones dudosas que afectan a la transparencia de las sociedades mercantiles…), resulta oportuno analizar la última modificación legislativa de la Ley de Sociedades de Capital que viene a reforzar el gobierno corporativo en materia de retribución de administradores en las sociedades de capital, la cual ha sido objeto de numerosas consultas en los Consejos de Administración en los cuales ostentamos la Secretaría del Consejo.

La materia precitada tiene su impacto tanto a nivel de derecho societario como a nivel fiscal, derivado de la discusión existente antes de la entrada en vigor de la última reforma fiscal, respecto de la deducibilidad de la retribución percibida por administradores que además ostentan cargos de alta dirección.

Por un lado, conviene aclarar que tras las reformas operadas, desde la perspectiva fiscal, las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección u otras funciones derivadas de un contrato laboral no se considerarán expresa y automáticamente como donativo y liberalidad y, en consecuencia, serán gastos deducibles aunque no se recoja en estatutos dicha retribución.

Por otro lado, en materia societaria, hay que recordar que Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) y Sentencias del Tribunal Supremo venían exigiendo que en los estatutos constara debidamente expresado el concreto sistema de retribución de los administradores (sueldo mensual o anual, dietas, participación en los beneficios con los límites legalmente establecidos, o cualquier otro sistema).

Con la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital se establece con claridad la necesidad, en caso de que los administradores tengan cargo retribuido, de fijar el sistema de retribución en los términos que se comentan a continuación:

Adicionalmente aclaramos lo siguiente:

– Los sistemas de retribución de administradores no son limitativos, de forma que se pueden establecer otros sistemas. (Ej: utilización de medios de transporte)

– Si se establecen dos o más sistemas retributivos, deben hacerse de forma acumulativa y no alternativa.

– Sea cual sea el sistema de retribución, su importe máximo anual para el conjunto de los administradores deberá ser fijado y aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación por la Junta General (antes debía fijarse el importe cada año).

En otras palabras, la obligación de concreción de la retribución no implica que los estatutos deban concretar cuantitativamente aquella, sino que deben fijar con exactitud qué parámetros van a ser tomados en cuenta para determinarla y qué conceptos va a abarcar, a partir de los cuales será la junta general de la sociedad la encargada de fijar la cuantía final de la retribución.

– En caso de que sean varios los administradores y salvo que la Junta determine lo contrario, la distribución de la retribución, dentro de los límites máximos delimitados por la Junta General, no tiene que ser igualitaria y la establecen los mismos administradores. En caso de Consejo, será por decisión del mismo.

– Al margen de los estatutos sociales, en el caso de Consejo de Administración, la Ley consagra la posibilidad de que el Consejero perciba una doble retribución: retribución por consejero y retribución por director general, consejero delegado o cargo ejecutivo similar. La ley exige, en éste caso, un contrato suscrito entre la sociedad y el consejero ejecutivo que sirva como soporte a la retribución adicional y tiene que estar aprobado por el Consejo de Administración por mayoría de dos tercios de sus miembros.

En RZS Abogados, consideramos que la modificación operada dota de mayor transparencia al tráfico de las sociedades de capital.

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