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Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero

El pasado sábado se publicaba en el Boletín Oficial de Estado (“BOE”) el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, que además de regular las referidas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, adapta las normas de desarrollo de la Ley General Tributaria a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua y modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, y que salvo alguna excepción entrará en vigor el 01 de enero de 2013. El mismo se concibe como el desarrollo reglamentario de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, la cual introdujo una nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. El fin de este comentario será el de destacar las obligaciones relativas a la mencionada medida así como el régimen sancionador en relación a la misma, no se profundizará en relación a la información pormenorizada que debe aportarse en la cumplimentación de la obligación; para esto nos remitimos al mencionado Reglamento.

Sépase que deberán ser declarados en la declaración informativa tanto las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero, y se establece el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones de información, que será del 1 de enero al 31 de marzo de cada ejercicio, siendo exigibles por primera vez las referidas obligaciones de información para la información a suministrar correspondiente al año 2012. Asimismo, se recogen los supuestos en los que se excluye de la obligación de declarar que, entre otros, será cuando el valor de los bienes y derechos no supere los 50.000 €, siendo obligatoria exclusivamente la presentación en años sucesivos solamente cuando el mencionado límite hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 €.

En caso de incumplimiento de la obligación de declarar la información correspondiente, se prevé un régimen sancionador que, básicamente, establece una sanción pecuniaria de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos, referido a cada cuenta o elemento patrimonial, omitido o aportado de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. Esta sanción se reduce a 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, en el caso de presentación de la declaración fuera de plazo sin requerimiento previo.

Adicionalmente, es necesario resaltar los efectos que la no presentación de la misma tiene en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de la modificación efectuada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, en las normas reguladoras de ambos impuestos, en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas, relativas a bienes y derechos no recogidos en la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que establece que el sujeto pasivo o contribuyente no podrá probar su prescripción y en todo caso se imputarán al período más antiguo de los no prescritos, susceptibles de regularización por la Administración. En estos supuestos se establece una sanción específica del 150% de la cuota íntegra correspondiente a la mencionada ganancia de patrimonio no justificada.

Por último y a modo de resumen y por mucho que los modelos no han sido aprobados todavía (pendientes de Orden Ministerial), destacar de lo expuesto con anterioridad se desprende que la información que habrá que suministrarse gira en torno a fundamentalmente 3 aspectos:

I. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

II. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

III. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

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