4 Min. de lectura

Nuevos hechos con repercusión sobre la Amnistía Fiscal

El pasado mes de abril del año en curso el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley en el que se incluían una serie de medidas antifraude; como la limitación del uso de efectivo y la obligación a personas y empresas a informar de las cuentas y valores que tuviesen en el extranjero (delito éste, que no iba a prescribir). Desde entonces, se venía esperando con cierta inquietud la aprobación en firme de la misma. Pues bien el pasado martes 30 de octubre se publica en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (en adelante “LPLF”). Esta ley se publica a un mes vista de la finalización del plazo de la posibilidad de acogerse a la Declaración Tributaria Especial (en adelante “DTE”), más conocida comúnmente como la “amnistía fiscal”; endureciendo sobremanera las consecuencias y repercusiones de aquel contribuyente que pudiese encontrarse en una situación irregular.

A continuación se procederá a destacar aquellas medidas de la citada ley que pudiesen tener repercusión sobre el procedimiento de regularización, dotando al propio contribuyente de toda la información antes de proceder a la toma de una decisión.

La LPLF establece la obligación de suministrar “información” sobre determinados activos situados en el extranjero. La mencionada obligación de información se extenderá a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del art. 4 de la Ley 10/2010. La nueva disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria (en adelante “LGT”), establece la obligación de informar a la Administración Tributaria de los siguientes activos:

  • Cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sea titular o beneficiario o en las que se figure como autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición.
  • Títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades de los que sea titular y que se encuentren depositados o situados en el extranjero.
  • Títulos representativos de la cesión a terceros de capitales propios de los que sea titular y que se encuentren depositados o situados en el extranjero.
  • Seguros de vida o invalidez de los que sea tomador y rentas vitalicias o temporales de las que el contribuyente sea beneficiario como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.
  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

La mencionada obligación se exigirá, indica el texto, en la forma que reglamentariamente se determine, con lo que su aplicación práctica queda a la espera de su correspondiente concreción reglamentaria.

En caso de incumplimiento de la obligación de declarar la mencionada información se plantean dos escenarios en relación al régimen sancionador:

1. Regularización fuera de plazo con requerimiento: Se establece una sanción pecuniaria de 5.000 euros por cada dato o conjuntos de datos referidos a cada cuenta o elemento patrimonial, omitido o aportado de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

2. Regularización fuera de plazo sin requerimiento o presentación por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios: La sanción se reducirá a 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, en el caso de presentación de la declaración.

Entendemos como importante el hecho de que los bienes o derechos respecto de los cuales no se hubiera cumplido en plazo la mencionada obligación de información, darán lugar a una ganancia de patrimonio no justificada que se incluirá en la base imponible general (según la adición de un nuevo apartado al art. 39 de la Ley del IRPF), o se considerarán adquiridos con cargo a renta no declarada (según la adición de un nuevo apartado al art. 134 de la Ley de IS) del período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptibles de regularización; salvo que el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en períodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por IRPF o IS.

Por último, saber que la aplicación de estos nuevos apartados en sendos artículos de la Ley de IRPF e IS determinará la comisión de una infracción tributaría muy grave, que será sancionada con multa proporcional del 150% del importe de la base de la sanción, entendiéndose ésta como la cuantía de la cuota íntegra resultante de la imputación en el IRPF o IS de la correspondiente ganancia patrimonial o renta no declarada, sin tener en cuenta las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores que pudieran minorar la base imponible, liquidable o la cuota íntegra.
No será el fin de este artículo la valoración de si la aprobación de esta ley es una invitación / incentivo para aquellos contribuyentes indecisos, sin embargo, y en palabras de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria (AEAT), el pasado viernes en el XXII Congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), “la entrada en vigor de esta ley es un acicate para que los ciudadanos se acojan a la amnistía. Aunque la nueva obligación de informar de rentas ocultas no podrá implementarse hasta que entre en vigor la Orden Ministerial con el modelo para presentar la declaración en el primer trimestre de 2013”.

Además y en la misma línea mención importante a la reforma prevista del Código Penal; la cual tiene prevista incorporar una enmienda que aclare de forma definitiva que quienes se acojan a la amnistía fiscal están exentos al 100% de cualquier responsabilidad penal. Ésta exime de toda implicación penal a quienes acudan a la regularización especial. El texto del Proyecto ya incluía la excusa absolutoria que deslinda el delito fiscal de la amnistía, pero algunos fiscalistas habían expresado su temor a que fuera suficiente para los jueces. La mencionada enmienda y en justificación del Partido Popular “se incluye en aras a la seguridad jurídica del contribuyente y con la finalidad de eliminar toda duda interpretativa al respecto de que las rentas regularizadas se entenderán declaradas en plazo”.

Sea como fuere; bien por las incesantes dudas del contribuyente a la hora de regularizar su situación mediante la DTE, bien por el afán recaudatorio de la Administración con una medida que hasta la fecha no ha dado los frutos esperados, contemplamos en el entorno plausibles señales para que éste regularice su situación: bien despejando sus posibles dudas, bien mostrándole que podría pasarle en el caso de no hacerlo…

¿Necesita asesoramiento en materia de Amnistía Fiscal?:

Solicite ahora más información sobre los servicios relacionados con la Amnistía Fiscal que ofrecemos en RZS Abogados,
– Póngase en contacto con nosotros a través del formulario web.
– Llámenos al 915 433 123 sin compromiso.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

*Imágenes diseñadas por Freepik

Contacta con RZS

O si prefieres te llamamos nosotros