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Nuevo Estatuto de la Administración Concursal (II)

El presente artículo, continuando el publicado el 19 de noviembre de 2014 (Nuevo Estatuto de la Administración Concursal (I)), analizaremos el resto de cuestiones relativas al nuevo estatuto jurídico de la Administración Concursal que han sido modificados por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre: el régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones, especialidades de la aceptación del cargo, el régimen de retribución y la separación del cargo.

En cuanto al régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones:

Se impide el nombramiento como Administrador Concursal de quien incurra en las causas de incompatibilidad recogidas en el art. 13 del RD Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Se amplía la prohibición a las personas especialmente relacionadas con quien hubiera prestado en los últimos tres años cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste.

Se amplía a las personas jurídicas la limitación de designaciones en tres concursos por el mismo Juzgado en el plazo de dos años, ampliándose asimismo a tres años la prohibición de nombramiento del Administrador Concursal que hubiera sido separado de su cargo.

Respecto de la aceptación del cargo:

En caso de designación de persona jurídica se suprime la necesaria comunicación de la identidad de la persona natural que reúna los requisitos que anteriormente se regulaban, habida cuenta de la pendencia de su desarrollo reglamentario.

Asimismo, se suprime la obligación de señalar un despacho u oficina en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del Juzgado, con lo cual se elimina el artículo 31 LC y se renumeran los artículos 32 y 33, que pasan a ser los artículos 31 y 32.

Como consecuencia de lo anterior, se introduce un nuevo artículo 33 LC denominado “Funciones de la administración concursal” el cual, sin aportar nada nuevo, establece una relación de funciones que clasifica como: a) De carácter procesal; b) Propias del deudor o de sus órganos de administración; c) En materia laboral; d) Relativas a derechos de los acreedores; e) Funciones de informe y evaluación; f) Funciones de realización de valor y liquidación; g) Funciones de secretaría y h) Cualesquiera otras que esta u otras leyes atribuyan.

A nuestro modo de ver, el anterior listado es interesante en cuanto a su extensión y en la medida en que permite valorar con más precisión el régimen de retribución de la Administración Concursal en concursos pequeños, en los que las funciones atribuidas a este órgano son exactamente las mismas que en los concursos con gran relevancia mediática que son los que sirven de rasero a la mayoría de la población a este respecto.

El referido régimen de retribución vuelve a quedar pendiente de nuevo desarrollo reglamentario, si bien:

Los parámetros del arancel pasarán a ser además de la acumulación de concursos: el número de acreedores y el tamaño del concurso a efectos de designación (también pendiente de desarrollo reglamentario).

Se introduce como criterio modulador de la retribución el de la eficiencia, alterándose su régimen de devengo y facultándose al Juez para su reducción en supuestos de incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones por la Administración Concursal, así como por la calidad deficiente de sus trabajos.

En relación a este último aspecto y debido a la necesidad de objetivar el concepto jurídico indeterminado de “calidad deficiente” se ha considerado como tal el incumplimiento de cualquier obligación de información a los acreedores (cabe preguntarse si existe alguna distinta a los informes y comunicaciones regulados por la LC), cuando exceda en más de un 50% cualquier plazo que deba observar y cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la Administración Concursal en su informe.

Entendemos que esta última disposición puede prestarse a una utilización torticera de los incidentes de impugnación de la Lista de Acreedores y del Inventario por parte de algún acreedor, sobre todo en relación a valoraciones de activos cuando no existe liquidez para cobrar la retribución a cuyo cargo (recordamos) siguen estando los honorarios de los expertos independientes ex artículo 83.3 LC. Confiamos, en todo caso, en el prudente arbitrio que a estos efectos la Ley Concursal confiere al Juez del concurso.

Por último, no podemos dejar de apuntar el hecho de que la eficiencia se regule sólo en sentido sancionatorio de reducción de honorarios, pero sin embargo no se establezcan parámetros para la eficiencia en sentido remuneratorio de incremento de los mismos. Se podrá alegar que la misma se presupone, pero la evidencia nos dice que los profesionales mejoran con incentivos.

Finalmente, en relación a la separación de la Administración Concursal, la misma implicará el cese automático de la persona jurídica designada (hasta ahora afectaba al representante persona natural como norma general), incluyéndose como causa objetiva de separación, modulable por el Juez del concurso, la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al veinte por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva, remitiéndonos a lo comentado respecto de la reducción de la retribución.

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