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Nuevo Estatuto de la Administración Concursal (I)

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que convalida el Real Decreto Ley 4/2014 de idéntico nombre, ha introducido esencialmente una novedad que no contemplaba el citado Real Decreto Ley: la modificación del estatuto jurídico de la Administración Concursal, órgano de confianza del Juzgado y piedra angular del procedimiento concursal.

En el presente artículo abordaremos dos aspectos del nuevo estatuto jurídico de la Administración Concursal que han sido modificados por la Ley 17/2014, las condiciones subjetivas y la designación.

El artículo 27 LC mantiene la opción por una Administración Concursal formada por un único miembro, que podrá ser persona física o jurídica según se estableció en Reforma de la Ley 38/2011, si bien altera el resto de requisitos relativos a las condiciones subjetivas del mismo:

– Se sustituye la lista facilitada a los decanatos de los Juzgados y nutrida por los correspondientes colegios profesionales, por la inscripción del profesional en la, también novedosa, sección cuarta del Registro Público Concursal.

– Los requisitos para dicha inscripción se difieren a un posterior desarrollo reglamentario, si bien se sientan las bases de los mismos que se referirán a: titulación requerida (previsiblemente se mantendrá la exigencia de ser abogado en ejercicio, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas), experiencia a acreditar y superación de pruebas o realización de cursos específicos, previéndose la exigencia de requisitos adicionales para concursos de medio y gran tamaño.

En relación a la designación de la Administración Concursal, cuestión que en los últimos tiempos había suscitado una encendida polémica haciendo recaer sobre los Jueces de lo Mercantil sospechas de arbitrariedad contrarias al prudente arbitrio la Ley Concursal les concedía (sospechas que no compartimos, salvo contadas excepciones que existen en todos los ámbitos e instituciones):

– Se prevé también la fijación reglamentaria de las características de los concursos de acreedores que permitan su distinción en función de su tamaño pequeño, medio o grande.

– El criterio de designación pasa de la distribución equitativa al arbitrio del Juez, de entre los que figuren en las listas, al que corresponda por turno correlativo entre los que figuren inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal y cumplan los requisitos anteriormente referidos. Si bien, para los concursos de gran tamaño, se reserva al Juez la facultad de alterar dicha correspondencia mediante resolución motivada y basada en la mejor especialización o experiencia del Administrador Concursal alternativo en el sector de actividad del concursado, en los instrumentos financieros empleados por el deudor para su financiación o en expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo o suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales.

– Se mantiene la proposición del Administrador Concursal por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en caso de entidades sujetas a su supervisión y del Consorcio de Compensación de Seguros en caso de entidades aseguradoras, modificándose la propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos por la del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en caso de entidades de crédito.

– Se suprime el artículo 27 bis LC que definía los concursos de especial trascendencia a los efectos del nombramiento de un segundo Administrador Concursal, en coherencia con la nueva clasificación (pequeño, medio o grande) a la que anteriormente se ha hecho referencia.

Por lo tanto, los detalles de las condiciones subjetivas para acceder al cargo de Administración Concursal y de las características que permitan definir el tamaño de los concursos se postergan (una vez más) a un posterior desarrollo reglamentario previsto en un plazo máximo de seis meses conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/2014.

Sólo nos cabe desear que dicho desarrollo no corra la misma suerte que aquel en virtud del cual se iba a crear una cuenta de garantía arancelaria y que a día de hoy seguimos esperando (desde el 1 de enero de 2012), consagrándose de facto mientras tanto el trabajo sin contraprestación efectiva que desarrollan los administradores concursales en los concursos sin caja y con un activo que sólo sirve para el achatarramiento (que no son pocos).

En cuanto al sistema de designación (por turno correlativo), parece en principio una solución objetiva y adecuada, siempre y cuando se desarrolle una regulación exigente y restrictiva en el acceso a la sección cuarta del Registro Público Concursal que permita a los Jueces tener la seguridad de que la Administración Concursal se confiere a profesionales plenamente capacitados.

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