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Novedades previstas en el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de sociedades de capital

Los últimos 9 meses han exigido a los abogados de “corporate” una incesante adaptación y estudio de multitud de novedades que afectan a la normativa básica reguladora de las sociedades de capital, proceso que a la fecha parece no terminar ya que el pasado 25 de febrero se publicaba el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Sociedades de Capital e incorporación a la Directiva 2007/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas, que nuevamente introduce reformas que afectan a cuestiones esenciales del derecho de sociedades; todo ello sin olvidar que todavía seguimos pendientes del desarrollo y aprobación del esperado Código de Sociedades Mercantil, que parece que nunca llega.

La retahíla de cambios normativos a la que nos estamos viendo sometidos en tan poco espacio temporal dota al mercado de un punto de más de inseguridad jurídica, y se traduce en un aumento significativo de los riesgos a la hora de que los asesores jurídicos en la materia presten a sus clientes un asesoramiento jurídico a corto/medio plazo basado en unas reglas de juego que no dejan de mutar. Para paliar los riesgos mencionados y ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento adecuado, los abogados de Sala&Serra se encuentran en contínua formación de las novedades que se introducen a la vez que analizan la evolución de las modificaciones en estudio.

Volviendo al Proyecto de Ley, la exposición de motivos hace referencia a una doble finalidad: Por un lado, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital con la supresión de algunas diferencias entre el régimen de las S.A. y las S.L., y por otro lado, la trasposición al derecho español de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Respecto a la primera finalidad enunciada, muchas de las modificaciones introducidas en el proyecto de ley salvan errores legislativos existentes en la normativa vigente y elimina diferencias hoy en día injustificadas entre las S.A. y las S.L. lo cual no deja de ser un avance significativo de la normativa si bien podían haber sido implementadas hace mucho tiempo. En cuanto a la segunda finalidad parece que también llega tarde, así el pasado 25 de marzo se publicaba la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de marzo en la que se declara el incumplimiento de España en la trasposición de la Directiva, la cual “¡debía haber sido incorporada a nuestro derecho antes del mes de agosto de 2009!”, por tanto por el momento deberemos hacer frente a las costas y sanciones que se deriven de tal incumplimiento y seguir esperando para que las modificaciones de la Directiva sean finalmente traspuestas.

Por último, no queremos concluir el presente artículo sin enunciar las principales novedades que se pretenden introducir respecto a las S.A. (no cotizadas) y S.L. en virtud del referido Proyecto de Ley, las cuales serán objeto de un estudio más detallado una vez sean objeto de aprobación y por tanto de aplicación:

a) Posibilidad de incluir en los estatutos de las S.A. los distintos modos de organizar la administración, como se permite a las S.L.

b) Convocar la Junta General de las S.A. mediante comunicación individual y escrita a los accionistas, como se permite a las S.L., salvo sociedades anónimas cotizadas y con acciones al portador

c) Corrección del plazo de 1 a 2 meses para la celebración de la Junta General en caso de que su convocatoria sea solicitada por socios que representen al menos el 5% del capital social.

d) Regulación del régimen jurídico de la persona física representante del administrador persona jurídica, regulando la responsabilidad solidaria de ambos.

e) Posibilidad de convocar el Consejo de Administración por un tercio de los consejeros en caso de que, previa petición, no lo convoque su Presidente.

f) Extensión de la posibilidad estatutaria de regular causas de exclusión de accionistas, antes sólo previsto para las S.L.

g) Nueva causa de disolución de las S.A. basada en la inactividad de la compañía durante un periodo superior a un año.

h) Eliminación en las S.A. de la obligación de vender en pública subasta los inmuebles de la compañía en caso de disolución y liquidación.

i) Eliminación de la obligación de legitimación notarial de las firmas de los administradores firmantes de los certificados de aprobación de las cuentas anuales.

j) Armonización del régimen de responsabilidad del liquidador entre S.L. y S.A.

k) Eliminación de la obligación de publicación en caso de cambio de denominación, domicilio, sustitución o cualquier otra modificación del objeto social y disolución de las S.A., así como el estado de cuentas de la liquidación tanto para S.A. como para S.L.

En cuanto a las sociedades cotizadas con la trasposición de la Directiva 2007/36/CE se introducirá en la ley una nueva sección sobre el funcionamiento de la Junta General con una regulación más detallada estableciéndose,entre otros, que la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias podrá realizarse con una antelación mínima de 15 días en vez de un mes, ampliación del contenido de la convocatoria debiendo indicar los procedimientos para que el accionista pueda ejercer su derecho a completar la convocatoria, a ser representado en la Junta o a votar a distancia.

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