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Modificaciones relevantes en materia de impugnación de acuerdos sociales

Resulta habitual la lectura de noticias relativas a la impugnación de acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración (Pescanova, Iberdrola,…), siendo ésta una de las materias en las que RZS Abogados de Empresa asesora habitualmente a sus clientes como parte fundamental del derecho societario, muy ligada a los conflictos de socios en los que tenemos amplia experiencia.

Pues bien, recientemente las reglas aplicables a la impugnación de acuerdos sociales han sufrido modificaciones a raíz de la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital y tienen por objeto, por un lado, la protección de las minorías y, por otro, evitar los reiterados abusos en el ejercicio de acciones judiciales.

Estas novedades legislativas, en lo que afectan a las sociedades no cotizadas, pueden resumirse en las siguientes:

– Unificación de los tipos de impugnación, nulidad y anulabilidad, bajo el único régimen de anulación.

– Establecimiento de un único plazo de caducidad de un año (excepto que se trate de un acuerdo contrario al orden público que no caducará).

– Fijación del porcentaje del capital social exigible para impugnar en el 1%, salvo que los estatutos sociales establezcan uno inferior.

– Necesidad de ostentar la condición de socio antes de la adopción del acuerdo impugnado como condición necesaria para ejercitar la acción.

– Ampliación del concepto de interés social basado en el abuso de la mayoría sin que concurra una necesidad “razonable” de daño a la sociedad.

– Improcedencia de la impugnación si el acuerdo se ha dejado sin efecto o ha sido sustituido válidamente por otro.

– Ampliación de causa de impugnación en acuerdos contrarios al reglamento de la Junta General.

– Fijación de un numerus clausus de motivos que no serán impugnables, los cuales fundamentaban gran cantidad de acciones de impugnación de acuerdos y que, en elevado porcentaje, eran desestimados por los Tribunales, como son: infracción de requisitos procedimentales para la convocatoria y constitución del órgano o para la adopción del acuerdo (salvo que se trate de un elemento esencial, como la forma y plazo de convocatoria); insuficiencia de la información facilitada por la sociedad al socio en respuesta al ejercicio de su derecho de información (salvo que sea esencial para el ejercicio de su derecho de voto); invalidez de la emisión de un voto o cómputo erróneo de los emitidos (salvo que fuera determinante para la adopción o no del acuerdo en cuestión); entre otros.

Finalmente, se introduce como cuestión incidental el pronunciamiento judicial sobre el carácter esencial de los motivos de impugnación una vez presentada la demanda, lo cual puede ralentizar la resolución del procedimiento pero permitirá la inadmisión de impugnaciones improcedentes, lo cual puede repercutir en una menor carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil.

En relación a la impugnación de acuerdos del Consejo de Administración y en conexión como las modificaciones precitadas: no se distingue, como antes, entre acuerdos nulos y anulables; estarán legitimados para impugnar los acuerdos sociales, además de los administradores, los socios que reúnan una participación mínima del 1% del capital social (antes era el 5%), siempre dentro del mismo plazo de 30 días desde que tuvieran conocimiento de los mismos y siempre que no hubiera trascurrido un año desde su adopción; serán impugnables los acuerdos contrarios al reglamento del Consejo de Administración; y, finalmente, la ley aclara que las causas de impugnación, su tramitación y efectos se regirán conforme a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta general.

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