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Mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales -Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero-

El pasado viernes se aprobó el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero el cual tiene por objeto que las entidades locales cancelen las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores. No es la primera medida que se aprueba a tal efecto (recordemos el RDL 5/2009, de 24 de abril y el RDL 8/2011, de 1 de julio), pero ante la ineficiencia de las anteriores y una situación económica que se encrudece día a día, se antoja imprescindible. La acuciante situación de falta de liquidez, unida a las exigentes restricciones de acceso al crédito y los impagos por parte de las entidades locales está dejando en la cuneta a multitud de pequeñas y medianas empresas. Ante este hecho y con la intención de suministrar liquidez a las mismas y apoyar financieramente a las entidades, afrontando el pago a largo plazo de sus deudas, nace el RDL que nos disponemos a comentar.

El artículo 2 del mismo recoge los requisitos que deben reunir las obligaciones pendientes de pago.

– Vencidas, líquidas y exigibles.

– Que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012.

– Que se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Se excluyen de las obligaciones de pago aquellas contraídas por las entidades locales con el resto de Administraciones Públicas.

Las entidades locales deberán remitir al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15/03/2012 una relación de todas aquellas obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos con el objeto de cuantificar la deuda. Según establece el artículo 4, los contratistas podrán consultar su inclusión en la mencionada relación; solicitando a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual en el caso de no constar. La expedición tanto de las relaciones certificadas como de los certificados individuales conllevará la contabilización de las obligaciones pendientes de pago.

Una vez remitida la relación anterior, la norma confiere dos opciones a la entidad local: (i) el pago de las obligaciones de la citada relación (el impago podría conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos de estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago) o (ii) acogerse al mecanismo de financiación previsto en este RDL para lo cual es requisito previo e imprescindible que la entidad confeccione el correspondiente plan de ajuste de sus ingresos y gastos (deberá aprobarse antes del 31/03/2012 y aplicarse en el período de amortización previsto para la operación – expuesto ampliamente en el artículo 7). En este punto decir que a día de hoy no se conocen todavía extremos esenciales; ni de éste (plan de ajuste) ni de la operación financiera asociada (ej. el periodo de duración de ambos, condiciones de la operación de crédito…).

En cuanto al mecanismo de financiación se refiere; éste se determinará por un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que se aprobará en las próximas semanas, y al que los Ayuntamientos podrán acogerse, estando vigente durante 2012. Este mecanismo se detalla específicamente en los artículos 8, 9 y 10 y se ajusta a los siguientes términos:

1. El mecanismo de financiación podrá desarrollarse en fases temporales sucesivas que no se excederán del año 2012.

2. Podrán establecerse como criterios para prioridad de pago, entre otros, los siguientes:

a. Descuento ofertado sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago.

b. Que se trate de una obligación pendiente de pago cuya exigibilidad se haya instado ante los Tribunales de Justicia antes del 1 de enero de 2012.

c. La antigüedad de la obligación pendiente de pago.

Por último comentar que en cada fase del mismo, se podrá establecer un descuento mínimo a ofertar por el contratista sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago para que pueda abonarse al contratista. Igualmente se podrá fijar un importe global y máximo de financiación para cada fase y se podrán establecer tramos específicos para pequeñas y medianas empresas y para autónomos.

La intención, así como la finalidad de la medida comentada es buena, pues se pretende la reactivación de las pequeñas y medianas empresas (no olvidemos que nutren el tejido empresarial español, compuesto en más de un 90% por éstas) a través del dinero público que se les adeuda. Sin embargo, pueda parecer que la misma se aprueba con cierta precipitación lo que podría traer algún problema en su ejecución. Existen términos todavía pendientes de ser definidos como adelantábamos líneas más arriba (de hecho en ningún artículo se regula como se realizará el pago a los proveedores) y otros de los cuáles podríamos hablar largo y tendido; parece curioso los criterios establecidos para la prioridad de pago. Recibirá antes la cantidad adeudada quién más arrime el hombro a la causa estableciendo una mayor quita sobre la misma. Tan sólo esperamos que el ritmo frenético por salir de esta situación no nos haga olvidar como llegamos a la misma.

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