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Ley 37/2011 de 10 de Octubre de medidas de agilización procesal en relación a la Ley 1/2000 de 7 de Enero de enjuiciamiento civil

A partir de este lunes 31 de octubre, las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a través de esta Ley 37/2011 podemos concentrarlas en 3 puntos:

1.- Proceso monitorio: con la finalidad de equipararlo al procedimiento monitorio europeo, el cual tuvo su entrada en nuestro ordenamiento el pasado mes de marzo, a partir de ahora desaparece el límite cuantitativo de 250.000 € en vigor hasta la fecha: ya no hay límite de cuantía para la presentación de una demanda de procedimiento monitorio contra cualquier deudor.

2.- Juicio verbal: a partir de ahora se someterán a este procedimiento:

– Las demandas por razón del incumplimiento contractual de arrendamiento de bienes muebles, equiparándolo a los incumplimiento contractuales de arrendamientos financieros y venta a plazos con reserva de dominio contenidos en el art. 250.1.11º.
– Las tercerías de dominio y mejor derecho, que al final y al cabo, son procedimientos sumarios cuya resolución no adquiere efectos de cosa juzgada.

Una de las medidas que espera tener una mayor efectividad se dirigen a poner obtener una resolución judicial que habilite el lanzamiento del inquilino en el plazo de 10 días, cumplidas determinadas circunstancias: una vez presentada por el arrendador la correspondiente demanda de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, se requerirá al inquilino para que en el plazo de 10 días pague, consigne, desaloje la vivienda o se oponga a dicha demanda; Si el demandante se opusiera a la enervación del desahucio o si el inquilino se opusiera a la demanda, continuará el proceso con la vista del juicio verbal. Pero en caso de que el inquilino no realice ninguna de las actuaciones señaladas (pagar, consignar, desalojar u oponerse) se procederá de inmediato al lanzamiento sin mayor dilación.

3.- En cuanto a la segunda instancia y casación, la modificación fundamental introducida en la LEC es la derogación del art. 457 eliminando así el trámite de preparación del recurso de oposición que debía ser presentado en los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que se pretendía recurrir.

En lugar de ello, a partir de ahora se presentará directamente el recurso (apelación/casación/ infracción procesal) ante el tribunal cuya resolución se pretende recurrir (continúan siendo recursos devolutivos), dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la resolución a recurrir. Igualmente, se reduce de 30 a 10 días el plazo en el que las partes deberán ser emplazadas ante el Tribunal.

Ello igualmente supondrá que las resoluciones recurribles alcanzarán firmeza al cabo de los 20 días desde la notificación de la correspondiente resolución si en ese plazo no se interpone recurso; una vez se tenga por notificado la interposición del recurso de apelación, o desde el traslado al apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, podrá instarse ejecución.

Finalmente, y en sentido negativo, a partir de ahora no serán recurribles las resolución dictadas en primera instancia, en procedimientos verbales, cuya cuantía no supere los 3.000 € y tampoco en casación (por razón de la cuantía) las sentencias dictadas en procesos cuya cuantía sea inferior a 600.000 €.

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