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La Segunda Oportunidad Concursal

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, “de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social” publicado el viernes 27 de febrero en el BOE y que ha entrado en vigor el lunes día 1 de marzo, supone un pequeño paso más en el paquete de medidas que intentan favorecer una segunda oportunidad para los empresarios personas físicas que se han visto abocados a una situación de insolvencia o sobreendeudamiento durante la crisis.

Bajo el epígrafe de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera, se modifica una vez más la Ley Concursal introduciendo un nuevo artículo, el 178 bis, denominado Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Este nuevo artículo 178 bis introduce la posibilidad de que el deudor persona física solicite del juzgado una exoneración para el pago de las deudas que no hayan podido satisfacerse en el concurso de tal manera que, una vez terminado el proceso concursal, se limpie el pasivo existente y no se mantenga la responsabilidad patrimonial universal contemplada en el artículo 1911 del código civil. Es decir, se permite hacer borrón y cuenta nueva.

La mala redacción de este artículo, quizás debido a la mala técnica legislativa de reformar leyes mediante Decretos Ley, ha hecho dudar a la doctrina más cualificada sobre cuáles son los requisitos necesarios y los trámites a seguir para obtener esta exoneración.

A nuestro juicio, y siendo conscientes de que no es un tema claro, el requisito para poder solicitar esta exención es ser “deudor de buena fe”, entendiéndose por tal aquellos deudores que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2. Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

3. Que haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos siempre que se den los requisitos para ello (es decir, que el pasivo no supere los 5 millones de euros).

4. Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5. Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse a un plan de pagos para atender las deudas no exoneradas.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración en el concurso.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

La exoneración no afecta a la totalidad de los créditos, sino que deberán ser satisfechos, en todo caso:

– Los créditos contra la masa

– Los créditos privilegiados hasta donde alcance la garantía

– Los créditos de derecho público

Las deudas que no queden exoneradas deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso mediante un plan de pagos que presentará el deudor y que será aprobado por el juez del concurso de acreedores. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

A la vista de esta reforma, parece que los pequeños empresarios sí podrán tener una segunda oportunidad.

Esperaremos a ver cómo se tramita este procedimiento en la práctica y cuáles son los criterios que adopten los jueces de lo mercantil.

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