5 Min. de lectura

IV Congreso Nacional de Derecho Concursal (I)

El jueves y viernes de la semana pasada se celebró en Valencia el IV Congreso Nacional de Derecho Concursal, que este año tenía un interés añadido debido a la entrada en vigor el 1de enero de la Ley 38/2011 de Reforma de de la Ley Concursal. En el congreso se abordaron las cuestiones más candentes de la reforma, sobre las cuales intentaremos exponer una breve opinión en este blog:

La nueva regulación de los Institutos preconcursales. Refinanciación …
La estrella de la reforma. Si bien los ponentes coincidieron en reconocer la necesidad de nuevas medidas para facilitar la refinanciación de las empresas en crisis, salieron a relucir algunas cuestiones que en un futuro plantearán problemas de intepretación y aplicación jurídica. Así, se apuntó la problemática del alcance de las reservas que pueda expresar el experto independiente en el Informe favorable exigido para la homologación judicial del acuerdo de refinanciación. Por otro lado, se coincidió en que el término “entidades financieras” recogido en la nueva Disposición Adicional 4ª debe interpretarse en un sentido amplio (no sólo referido a entidades bancarias, sino a cualquier financiador), si bien se discutió la eficacia real de la espera de tres años impuesta a estos acreedores cuando la misma no se extiende a los créditos dotados con garantía real (que en el caso de los acreedores financieros serán la gran mayoría).

Novedades en materia laboral.
En materia laboral se habló de las novedades de la reforma, tales como, la necesidad de identificar con la solicitud de concurso a la plantilla y al representante de los trabajadores; la posibilidad de nombrar administrador concursal acreedor al representante de los trabajadores en los concursos ordinarios de especial trascedencia; el nuevo régimen de reconocimiento de los créditos laborales; la mención expresa al régimen de subrogación del FOGASA respecto de esta clase de créditos…Mención aparte mereció la modificación del art. 64 de la Ley Concursal respecto de la competencia del Juez Mercantil en función del carácter colectivo o individual de las medidas adoptadas (modificación sustancial de las condiciones de trabajo, traslado, suspensión, reducción temporal de jornada o extinción), así como la eliminación de los límites númericos relativos a la colectivización de las acciones de los trabajadores.

La realización de los bienes en el concurso.
Por su relevancia práctica, fueron especialmente interesantes las intervenciones que produjeron sobre la realización de los bienes del concursado. Así, se destacó la facultad atribuida a la administración concursal de autorizar ventas anticipadas durante la Fase Común, con simultánea comunicación al Juzgado acreditando su justificación (y correlativo aumento de responsabilidad), lo cual acelerará los trámites evitando la devaluación del activo. Se hizo referencia también a las novedades en materia de convenio de asunción y prohibición de daciones en pago con la excepción prevista en el nuevo art. 155.4 LC. Finalmente, se apuntó (aunque no se concretó) la interpretación que exige el nuevo art. 55.1 LC cuando establece el privilegio de continuación de las ejecuciones administrativas y laborales “Hasta la aprobación del plan de liquidación”.

El Estatuto de la Administración Concursal.
Debido a la condición profesional de la mayoría del auditorio y la calidad de los ponentes, esta mesa fue seguida con gran interés. Así, coincidimos con que hubiera sido preferible, a los efectos de abaratar los costes del concurso, una modificación del arancel retributivo que la reducción practicada a un órgano unimembre en la inmensa mayoría de los concursos. Se explicaron los motivos (responsabilidad y capacidad de los socios esencialmente) por los que los Jueces se inclinan por las sociedades profesionales a la hora de nombrar administrador concursal a una persona jurídica, si bien se aclaró que el resto de formas societarias no impiden la designación. Asimismo, se apuntaron cuestiones que a buen seguro suscitarán polémica en la práctica judicial y concursal, tales como: el régimen de los auxiliares delegados, la exigencia de seguro de responsabilidad civil y el régimen de responsabilidad de los administradores concursales.

El tratamiento de los grupos de sociedades.
Se hizo referencia, por un lado, a la inclusión expresa del concepto de grupo del art. 42 Código Comercio, en cuanto unidad de control jerárquico, excluyéndose los grupos horizontales, así como el concepto de grupo de empresa acuñado en la jurisdicción social. Por otro lado, se analizó la tan comentada Sentencia de 28 de junio de 2011 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que consagró la consolidación de masas en caso de confusión patrimonial de varias sociedades en concurso, con aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. Los ponentes coincidieron en efectuar una respetuosa crítica, en cuanto a la necesidad de justificar el uso fraudulento de la personalidad jurídica que no realizó la sentencia comentada. Por último, se apuntaron cuestiones relativas a la interpretación del término “socios comunes” introducido en el art. 93.2.3º LC, la eterna discusión acerca del perjuicio derivado de los actos de disposición intragrupo y se reconoció la ineficacia práctica de la acumulación de concursos producida con posterioridad a su declaración.

Incidencia de la reforma en las entidades públicas.
Además de indicar la forma de llevar a cabo la obligación de comunicar la declaración de concurso a la AEAT y a la TGSS, la ponente abordó otros temas de gran interés. Así, recordó la consolidación de la irrescindibilidad de las garantías constituidas a favor de créditos de derecho público introducida en su actual redacción del art. 71.5 LC por el RD 3/2009, así como la inaplicabilidad del art. 61 LC (vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas) a los acuerdos de aplazamiento de pago, y la clasificación como privilegiados de los créditos de derecho público extranjero (al 50% ex art. 91.4º LC) y los que se originen por responsabilidad civil derivada del delito (en este caso al 100% ex art. 91.5º LC).

Más polémica suscitó la afirmación de que la AEAT podía liquidar un derecho de devolución por IVA a favor del concursado, con los derechos surgidos a favor de la AEAT por las facturas rectificativas presentadas por el resto de acreedores. Polémica decimos porque, en principio, se trataría de una compensación de créditos concursales (a favor de la AEAT por las facturas rectificativas) con créditos postconcursales (el derecho de devolución a favor del concursado). Sin embargo, la representante de la AEAT invocó una reciente Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que, al parecer, incidía en la naturaleza de la operación como liquidatoria frente a la prohibida compensación; por lo que, con dicha argucia semántica, la AEAT vuelve a mejorar notablemente su posición en el concurso, sin que se aprecie en modo alguno la tan proclamada poda de privilegios de los créditos de derecho público. Quien suscribe no consiguió captar la fecha de la meritada Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, ni posteriormente ha conseguido encontrarla (más bien todo lo contrario, vid. STS Sala 1ª de 3 marzo 2011) por lo que ruego que, si alguien la conoce tenga la bondad de informar de sus datos identificativos.

Por último, aunque no menos importante, se refirió la Abogada del Estado a la modificación del art. 55 LC respecto de la continuación de las ejecuciones singulares contra el patrimonio del concursado un vez declarado el concurso, destacando tres requisitos: 1) el consabido auto de no afección del bien a la actividad empresarial dictado por el Juez del concurso; 2) que antes de la declaración de concurso se haya dictado diligencia de embargo (y no sólo providencia de apremio como se ha venido insistiendo machaconamente hasta hace bien poco); 3) y la reanudación de la ejecución o el apremio antes de la aprobación del Plan de Liquidación. Este último punto es de vital importancia, ya que, según se interprete, consolidará el privilegio de la administración a cobrarse del bien embargado (como si fuera un privilegio especial) ahorrándole además los costes de la ejecución, lo cual es, a todas luces, inadmisible.

Comunicación y reconocimiento de créditos.
La jornada se cerró con una ponencia muy crítica, aunque impartida por quien tiene autoridad para ello, un magistrado de lo mercantil. Este ponente vino a decir, y no exento de razón, que las modificaciones en materia de reconocimiento y calificación de créditos habián quebrado el principio de foto fija propio del concurso en sede de formación de la lista de acreedores, por otro que irónicamente denominó de foto borrosa. Y es que ciertamente, la excesiva lista de excepciones a la tradicional preclusividad del plazo comunicación de créditos, puede provocar una gran pérdida de seguridad jurídica.

Próximo post: IV Congreso Nacional de Derecho Concursal (II)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Contacta con RZS

O si prefieres te llamamos nosotros