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Imposibilidad de ejecutar otros bienes del concursado para el cobro de las deudas con privilegio especial

En este artículo queremos poner de manifiesto cuál es, a juicio de la jurisprudencia, el alcance del privilegio especial del que gozan algunos acreedores del concurso.

Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Concursal, aquellos acreedores que gocen de privilegio especial, podrán pretender el cobro de sus créditos, sin sujeción al convenio, mediante la ejecución separada.

Ahora bien, se debe dejar claro que el alcance de dicha ejecución y la posibilidad de recuperación de la deuda se limitan al bien afecto. En ningún caso el tener un crédito privilegiado permite al acreedor ejecutar el resto de bienes del concursado, ni siquiera cuando han cesado los efectos de la declaración de concurso por estar en vigor un convenio de acreedores.

Analizaremos en el presente artículo dos resoluciones que resuelven precisamente esta situación en dos momentos diferentes de un mismo concurso y ante dos tipos de demanda de ejecución diferentes.

Por un lado, el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Coruña, de 29 de noviembre  de 2011, revocaba la decisión contenida en una resolución anterior que permitía al acreedor privilegiado que había ejecutado el bien afecto mediante la interposición de una demanda de ejecución en pieza separada, continuar con su ejecución sobre el resto de bienes del concursado hasta el completo pago de su crédito.

Efectivamente, el acreedor había solicitado -y el juzgado acordado- que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579 de la LEC, continuase la ejecución despachada hasta hacer íntegro pago del crédito de la ejecutante, con el previo embargo de los bienes y derechos de la ejecutada que sean necesarios para cubrir la diferencia entre lo percibido y lo pendiente de percibir.

La estimación del recurso planteado por la concursada concluyó que, obviamente, el resto del crédito no satisfecho con la ejecución del privilegio especial tendría la consideración de crédito ordinario y, en consecuencia, su pago se llevaría a cabo con el resto de créditos ordinarios. Reconoce el Auto que: Permitir que, aprobado judicialmente un convenio concursal, una ejecución hipotecaria pueda seguir, conforme al artículo 579 LEC, con el embargo de otros bienes de la masa activa por ser insuficiente el producto de la realización de la garantía, es tanto como conferir al acreedor un crédito con privilegio general para el cobro del déficit –por todos sus componentes además, incluidos los intereses y las costas- que ni le ha sido reconocido ni ningún amparo tiene en los supuestos del artículo 91 de la LC. El tratamiento concursal que el déficit debe recibir, una vez que ha quedado determinado,  es, por el contrario, el propio de los créditos ordinarios -en cuanto al principal- y el de los subordinados del artículo 92 3º –en cuanto a los intereses devengados hasta la declaración del concurso, que la garantía no ha cubierto-, para ser pagados uno y otro conforme al convenio, bien entendido que la cuota de pago determinada por las esperas y las quitas del convenio se habrá de calcular sobre el déficit (es decir, sobre la parte del crédito concursal antes contingente y ahora determinado) y no sobre el total del crédito hipotecario inicialmente impagado. El recurso debe ser, por todo ello, estimado con reposición del auto impugnado.

Por otro lado, el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 7 de noviembre de 2014, desestima el recurso planteado por otros acreedores con privilegio especial quienes habían solicitado la ejecución de otros bienes del concursado sobre los que no recaía privilegio alguno (sin ni siquiera haber intentado ejecutar el bien afecto), sobre la base de que la responsabilidad del artículo 1911 CC permitía la ejecución de cualquier bien.

El Auto de la Audiencia Provincial, en el mismo sentido que el de Primera Instancia, estima que si bien la constitución de una garantía no entraña renuncia a la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 CC, pudiendo acudir a un juicio declarativo por razón de cuantía para determinar dicha responsabilidad, dicha opción decae cuando el patrimonio a ejecutar está afecto a un concurso de acreedores: la falta de acción (legitimación ad causam) del ejecutante no deriva de la garantía pignoraticia de que disfruta. Deriva de la ineficacia del privilegio que esgrime frente a un patrimonio universal blindado por un convenio de acreedores en fase de cumplimiento y que no será susceptible de ejecución hasta que alcance firmeza alguna de las causas de conclusión del concurso previstas en la Ley. (…) lo anterior no supone anular el privilegio de la ejecutante como acreedora pignoraticia no adherida al convenio, sino reconducir ese privilegio a sus propios límites. Pues el origen y los efectos o alcance del privilegio descrito se desenvuelven en  un plano determinado: la garantía real pignoraticia, y no cabe extenderlo fuera de ese marco, ni en concreto extenderlo sobre el patrimonio universal del deudor.

A la vista de las dos anteriores resoluciones, no cabe duda de que tanto la Ley como los Juzgados vienen restringiendo el alcance del privilegio especial del que gozan ciertos acreedores, y ello, como no podía ser menos, sobre el principio de la par conditio creditorum que rige en el derecho concursal.

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