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Hacia la regulación del contrato de distribución

El 29 de junio de 2011 era publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

La intención del Legislador de regular los Contratos de Distribución se enunció primeramente a través de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible que venía a establecer una nueva Disposición Adicional Primera a la Ley 12/1992, sobre Contratos de Agencia, a través de la cual, y de modo sorprendente, el legislador venía a determinar que el régimen jurídico del contrato de agencia se aplicaría a los contratos de distribución de vehículos, automóviles e industriales, y profundizaba aún más estableciendo como nulos ciertos pactos claramente favorables al proveedor, y regulando la fase de resolución del contrato, determinando las indemnizaciones a las que tiene derecho el distribuidor, uno de los apartados más controvertidos de este tipo de contratos y que más jurisprudencia ha ocasionado.

La citada disposición adicional generó tanta polvareda entre los fabricantes de automóviles y sus concesionarios que, transcurrido poco más de un mes desde su entrada en vigor a través de la Ley 7/2011, el legislador establecía que desde el 13 de abril y hasta la entrada en vigor de una Ley de Contratos de Distribución, no será aplicable, no produciendo efectos dicha Disposición Adicional.

Pues bien, transcurridos poco más de dos meses desde el momento en el que se dejó sin efecto la Disposición Adicional Primera de la Ley de Agencia, relativa a los Contratos de Distribución, el ejecutivo, tal como prometió, ha propuesto a las Cortes el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución.

El Proyecto de Ley nace con la intención de modernizar la regulación del sector de la distribución y para ello, trata de cumplir con tres objetivos:

1. Mejorar la transparencia del sector y fomentar su competitividad, incidiendo en el equilibrio entre los contratantes.
2. Fomentar la mediación en el sector, estableciendo mecanismos de tutela en caso de desequilibrio entre las partes contratantes.
3. Establecer un régimen supletorio mínimo con unas reglas de contratación, claras, transparentes y eficaces.

Pero el Proyecto de Ley está lleno de contradicciones, y aunque se habla del principio de libertad de pacto, algunos artículos de la Ley vienen a recoger ciertas normas de carácter imperativo, ya sea las relativas a los deberes de información precontractuales y durante el contrato, la extinción de contratos indefinidos o incluso establece los supuestos en los que procederá por parte del distribuidor la cesión del contrato. En relación a la cesión del contrato, se rompe la situación de equilibrio entre el distribuidor y el proveedor a favor del primero, por cuanto se le permite ceder su negocio a un tercero que se obligue a mantener la organización, medios y recursos que él mantenía, sin que el proveedor pueda negarse al considerar que la persona que se subrogará en la posición del distribuidor no cumple con los parámetros que estima oportunos para representar la imagen de sus productos, factor de gran importancia por ejemplo en las franquicias.

Pero, sin duda, el punto más importante de la presente Ley es el que engloba las indemnizaciones a las que tiene derecho el distribuidor cuando se resuelve el contrato, el derecho o no a una indemnización a la resolución del contrato ha sido el punto más controvertido de los contratos de distribución y seguramente sobre el que más sentencias se han dictado, habiendo sido hasta la fecha el Tribunal Supremo a través de su jurisprudencia el encargado de determinar los supuestos en los que procedía la citada indemnización.

Por último, el Proyecto de ley no sólo pretende regular los contratos firmados con posterioridad a su entrada en vigor, sino también a las renovaciones, prórrogas, novaciones y tácitas reconducciones de los concluidos con anterioridad a la fecha en la que sea aprobada la Ley.

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