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En tiempos de crisis, la Agencia Tributaria penaliza a los administradores de empresas con problemas de liquidez

Con fecha 31 de octubre 2012 entró en vigor la Ley 7/2012, de 29 de octubre que, entre otros objetivos, procura mejorar la eficacia de la gestión recaudatoria de la Administración Tributaria.

De entre las medidas adoptadas con este fin, por su importancia para aquellos que desempeñen el cargo de administrador de hecho (apoderado o alto directivo, en su caso) o de derecho, destacamos la introducción de un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria.

Como comentábamos hace algunas semanas en este mismo blog de RZS Abogados, el desempeño del cargo de administrador deviene cada vez con más frecuencia, en una “situación de alto riesgo”.

Con la introducción de este nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, se convierte a los administradores en responsables subsidiarios si la empresa no puede hacer frente finalmente a la deuda tributaria asumida, por ejemplo, si se ve abocada a una situación de concurso de acreedores.

En concreto, los administradores de hecho o de derecho serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias de tributos que deban retenerse a trabajadores u otros profesionales, cuando presenten autoliquidaciones sin ingresos por tales conceptos tributarios de forma reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación.

Se entenderá que existe “reiteración” cuando en un mismo año natural, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las autoliquidaciones que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea. No se computan aquellas autoliquidaciones respecto de las que se haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento.

Se presumirá que “no existe intención real” de cumplimiento de las obligaciones referidas cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior y no preferentes a los créditos tributarios.

Sentado todo lo anterior, la valoración que podemos hacer de este nuevo supuesto de “responsabilidad subsidiaria” no puede ser positiva por cuanto:

  • La responsabilidad se basa en una presunción que no admite prueba en contrario y que se vincula al pago anterior a acreedores que no gocen de situación de privilegio frente a los créditos tributarios por retenciones y cuotas repercutidas (IVA).
  • Se impide o dificulta la gestión de tesorería por los administradores de empresas con dificultades que no pueden aplicar el pago de dichos créditos tributarios, ni aun temporalmente, al pago de proveedores que permita la subsistencia de la propia empresa.

No nos cabe duda de que con esta medida, la Administración Tributaria mejorará su “gestión recaudatoria”, sin embargo, en la práctica, se está penalizando a los administradores de empresas con problemas de liquidez y lo que es más grave, precipitando en muchos casos la crisis concursal de estas empresas.

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