2 Min. de lectura

El Tribunal Supremo prohíbe a la Administración Pública embargar bienes en un procedimiento concursal que se encuentra en fase de liquidación

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 (5408/2014) establece la prohibición a las Administraciones Públicas de embargar bienes del concursado cuando el procedimiento concursal se encuentra en fase de liquidación. Y ello con independencia de que la ejecución que inste sea para el cobro de créditos concursales privilegiados generales o para el cobro de créditos contra la masa.

Según establece la Sentencia, aunque de una lectura literal del artículo 84.4 de la Ley Concursal se podría entender que es posible iniciar ejecuciones para el cobro de los créditos contra la masa, una interpretación sistemática del mismo, en relación con el resto de los artículos que regulan la liquidación, lleva a la conclusión de que no es posible iniciar ejecuciones singulares, ya sean judiciales o administrativas.

Así, entiende el Tribunal Supremo que si la fase de liquidación sirve para que “haya una ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa”, no tiene sentido permitir ejecuciones singulares al margen de la ejecución universal que realiza la Administración Concursal ante el Juez del Concurso, único legitimado partir de la previsión general, contenida en el art. 8.3º de la Ley Concursal, que atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de  “toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado”.

Según el Tribunal Supremo, las únicas ejecuciones individuales permitidas en fase de liquidación serán las ejecuciones administrativas o laborales que se hayan iniciado antes de la declaración del concurso y no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el artículo 55 de la Ley Concursal, es decir, cuando se hubiera dictado diligencia de embargo o se hubieran embargado bienes del concursado que no resultasen necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También podrán continuar las ejecuciones de bienes afectos a garantías reales que quedaron en suspenso con la declaración de concurso, en los términos establecidos en el artículo 57.3 de la Ley Concursal.

Consecuentemente, la Sentencia declara válido y ajustado a derecho el levantamiento del embargo trabado por la Seguridad Social sobre bienes del concursado, y que fue acordado por el Juzgado de lo Mercantil en los autos del concurso de acreedores.

Invocando esta Sentencia, serán muchas las reclamaciones de nulidad o de solicitud de levantamiento de embargos, las que se interpondrán en los próximos meses frente a los procedimientos de ejecución que se hayan instado por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, fundamentalmente, en un concurso en fase de liquidación.

Con esta reciente Sentencia, las Administraciones Públicas verán reducidos los amplios y a nuestro juicio, injustificados privilegios que hasta ahora disponían frente al resto de acreedores del procedimiento concursal.

¿Necesita asesoramiento en materia de Concurso de Acreedores?:

Solicite ahora más información sobre los servicios relacionados con el Derecho Concursal y el Concurso de Acreedores que ofrecemos en RZS Abogados,

  • Póngase en contacto con nosotros a través del formulario web.
  • Envíenos un email y uno de nuestros abogados se pondrá en contacto con usted.
  • Llámenos al 915 433 123 sin compromiso.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Contacta con RZS

O si prefieres te llamamos nosotros