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El delito fiscal: Referencias al “caso Messi”

El 5 de julio de 2016 la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona condenaba al futbolista Leo Messi y a su padre a 21 meses de prisión y multa, como autor y cooperador necesario, respectivamente, de tres delitos contra la hacienda pública al constatarse defraudación respecto de tres ejercicios distintos y por el IRPF.

Dicha sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, quien confirmó, el 24 de mayo de 2017, esencialmente la dictada por la Audiencia de Barcelona. Analizaremos sucintamente la sentencia de dicha Audiencia que, salvo en lo que luego se dirá, ha sido confirmada.

A modo de resumen de los hechos delictivos, diremos que los derechos de imagen del jugador se trasladaban mediante cesión a sociedades radicadas en países de legislación fiscal permisiva y, desde allí, a otras sociedades situadas en países de opacidad fiscal donde, adicionalmente, los rendimientos obtenidos en el extranjero no tributan.

Las sociedades están vinculadas al futbolista o su familia, aunque no lo aparentan, y son las que cobran por los derechos de imagen. Y todo ello sin dar cuenta en absoluto a la Hacienda Pública Española.

Los contratos de cesión pactan precios ridículos en comparación con los ingresos y trayectoria deportiva del jugador, presentan incoherencias entre sí que les convierten en imposibles de cumplir o las sociedades que en ellos intervienen carecen de infraestructura capaz de gestionar los derechos que son objeto de su actividad.

Es verdad que dichas actuaciones comienzan siendo ejecutadas por el padre del jugador cuando éste no ha alcanzado la mayoría de edad, pero las mismas son ratificadas por el futbolista con posterioridad y de diversas formas.

Las cuotas tributarias defraudadas ascienden a 2,57 millones de euros en 2007, 3,84 millones en 2008 y 3,8 millones en 2009.
Dado el importe de las cuotas defraudadas, se aplica la modalidad agravada prevista en el art. 305.bis.a) del Código Penal (CP).
Comoquiera que con anterioridad a la celebración del acto del juicio el jugador abona las cantidades reclamadas por la Agencia Tributaria, se beneficia de la aplicación de la atenuante de reparación del daño prevista en el art. 21.5 del CP, rebajándose la pena a imponer dos grados por cada uno de los delitos (de dos años de prisión a siete meses por cada uno de ellos).

El principal alegato defensivo del jugador se fundaba en la falta de dolo por desconocimiento de lo sucedido. Realmente nunca comprendió lo que sucedía porque de todos los asuntos se ocupaba su padre, el también condenado Jorge Messi, y un reputado bufete de abogados especializado en tributación internacional.

Con ocasión de este argumento, las sentencias analizan la llamada doctrina de la “ignorancia deliberada”, según la cual nadie puede alegar error o desconocimiento si se pone en situación de no saber aquello que puede y debe conocer, doctrina que empieza a conformarse desde la Sentencia 1637/1999 y que continúa en muchas otras con posterioridad, como la 464/2008 o la 1583/2000.

Muchos fueron los actos del deportista que evidenciaron que se puso en dicha situación de deliberado desconocimiento: era socio y administrador de una sociedad uruguaya que recibía en última instancia los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, firmó personalmente contratos de los que luego sin embargo pretendía desentenderse, consintió situaciones de todo punto inexplicables -salvo por su conciencia del delito- tales como la presentación en dos ejercicios de declaraciones de IRPF con resultado negativo y, por tanto, con derecho a devolución.

Sobre la autoría, analizan las sentencias el papel de los no contribuyentes obligados tributarios en este delito especial de defraudación a la hacienda pública, y por supuesto consideran al jugador autor y justifican la condena de su padre como “cooperador necesario”, aunque no concurriendo en el mismo la condición de obligado tributario, el código penal le trata más favorablemente que al autor al imponer la pena inferior en grado (art. 65.3 del CP).

El Tribunal Supremo sí estima el recurso del Padre de Messi sobre la indebida inaplicación del art. 21.5 del CP, atenuante de reparación del daño, al entender que es de aplicable también a quien no es obligado tributario, razón por la que no se aplicó por la Audiencia de Barcelona junto con la inexistencia de solidaridad en la condena al pago de la responsabilidad civil.

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo contiene un voto particular discrepante respecto de la no consideración como delito continuado de la conducta enjuiciada, que abarcaba tres ejercicios, ya que se mantiene el criterio consistente en considerar que hay un delito por cada ejercicio. El Magistrado discrepante justifica en su voto particular su opinión sobre la existencia, en este caso, de continuidad delictiva.

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