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Deducibilidad Fiscal de las Retribuciones a Consejeros: Tributos Matiza la Interpretación del Tribunal Supremo.

El pasado mes de marzo, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre si en el marco normativo vigente regulado en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, son deducibles las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles aún cuando no se cumpla de manera “escrupulosa” con todos y cada uno de los requisitos que pudiera exigir la normativa mercantil.

En este sentido, tenemos que hacer un breve recordatorio de las Sentencias dictadas por el Supremo el pasado mes de noviembre, que revocando el criterio mantenido hasta entonces por la Audiencia Nacional, dictaminó que las remuneraciones que cobren los miembros del los consejos de administración, no serían deducibles fiscalmente a menos que consten de manera precisa en los estatutos, lo que implica, recoger en estatutos la cuantía expresa de la asignación fija, si se ha optado por este sistema de retribución, o el concreto porcentaje de participación en beneficios, si la forma de remuneración elegida es variable. Ello obligaba a la gran mayoría de las sociedades, de una parte, a modificar sus estatutos para obtener la deducibilidad fiscal de estos gastos de cara al futuro y, de otra, dejaba abiertos a Inspección los últimos cuatro años no prescritos.

Pues bien, ahora Tributos, considera que el novedoso criterio del Tribunal Supremo, que no ha estado exento de polémica desde que se hicieron públicas dichas sentencias, no resulta aplicable en el actual marco normativo (los casos enjuiciados por el Supremo se situaban bajo la Ley del Impuesto sobre Sociedades 61/1978).

El principal argumento que esgrime Tributos es que el TRLIS regula de forma más flexible  que la Ley 61/1978 la materia sobre la deducibilidad de gastos, en la medida en que se admite la deducción fiscal de gastos que, si bien no son obligatorios jurídicamente para la entidad, sin embargo, están correlacionados con los ingresos siempre que no tengan la consideración de liberalidad.

En consecuencia, si los estatutos de la sociedad, recogen el carácter remunerado del cargo de administrador, aun cuando no se cumplan los requisitos de “certeza” que han establecido las Sentencias del Tribunal Supremo en cuestión, sí que tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible de acuerdo con la vigente regulación del TRLIS, dado que representan un gasto contable, están registrados en la contabilidad de la sociedad y no representan una liberalidad.

La interpretación de la Dirección General de Tributos, favorable en esta ocasión al contribuyente, deja sin efectos prácticos el polémico cambio del criterio jurisprudencial operado por el Supremo, puesto que sólo resultará aplicable a reclamaciones amparadas en la normativa anterior a 1996 que, a fecha de hoy, sigan vivas.

 

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