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Consecuencias económicas de los Precios de Transferencia

Es importante señalar que no existe un valor de mercado que pueda ser considerado único o definitivo. La valoración del precio pactado en una transacción generalmente se realiza, tal y como lo permite el artículo 16 de la TRLIS y las directrices de la OCDE, en forma de rango de valores de mercado.

En nuestra opinión y experiencia, pactar un precio de transferencia dentro del rango de valores de mercado recomendado permite obtener una guía razonable del precio de mercado. Sin embargo, la fijación de un precio de transferencia, incluso si se encuentra dentro de dicho rango recomendado, no garantiza que la transacción analizada no pudiese ser sujeta a revisión y posible corrección por parte de la Autoridad fiscal española.

La subjetividad intrínseca de toda valoración es considerada de manera implícita en el régimen sancionador específico de precios de transferencia, en el que no se establece sanciones al contribuyente que, cumpliendo adecuadamente con el deber formal de documentar y declarar sus operaciones vinculadas, valore ‘de buena fe’ sus operaciones (según la metodología establecida) y satisfaga sus requisitos de documentación. Como se verá en el punto siguiente, el régimen de precios de transferencia en España no establece sanciones a los contribuyentes que valoren o no sus operaciones a valor de mercado, sancionando la no documentación o declaración según lo establecido en la normativa.

Un contribuyente que realiza operaciones con entidades vinculadas y no las valore a mercado se expone a que la Administración ajuste el valor convenido en dichas operaciones, utilizando para ello dos mecanismos distintos:

a) Ajuste primario: grava de manera directa la base imponible no declarada en la operación, corrigiéndola en el importe no reconocido. La corrección efectuada generará una mayor renta en una de las partes y una menor en la otra, en el mismo período impositivo u en otro posterior.

b) Ajuste secundario: grava de manera indirecta la base imponible no declarada en la operación. La diferencia de valor en el precio pactado, según sea determinada en el ajuste primario, será tratada según su verdadera naturaleza. En particular, en aquellos caso en que la vinculación se defina a través d ela relación socio-sociedad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de dividendos, si dicha diferencia fuera a favor del socio, o, con carácter general, de aportaciones a capital, si la diferencia fuese a favor de la entidad. Este ajuste generará, por lo tanto, una presión fiscal extra.

En relación con la primera de las correcciones (ajuste primario), conviene destacar que, aunque en principio, la norma trataría de evitar la doble imposición a través de ajustes correlativos, aunque en la práctica el riesgo de la doble imposición (temporal o permanente) existe. Considérese, por ejemplo, el caso en que una de las entidades vinculadas sea no residente.

En relación con la segunda de las correcciones (ajuste secundario), conviene destacar que su aplicación generará en el grupo un incremento de la presión fiscal, puesto que la parte de la renta que no se corresponda con el porcentaje de participación tendrá para la entidad la consideración de renta a integrar en su base imponible (y tributará por ella) y para el socio la condición de liberalidad (y por tanto gasto no deducible).

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