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Compraventa de unidades productivas y Seguridad Social

En la última reforma de la Ley Concursal se ha afianzado la extensión de la sucesión de empresa a efectos de Seguridad Social en caso de venta de una empresa o línea de negocio dentro del concurso de acreedores.

En un anterior blog ya manifestamos nuestra oposición a dicho cambio normativo, ya que todos los que intervenimos en concursos de acreedores (salvo quizás los letrados de la TGSS) estamos de acuerdo en una realidad: la liquidación de las empresas mediante la venta individualizada o por lotes de sus activos, es la mejor forma de asegurarse el fracaso de la principal finalidad del procedimiento concursal, que no es otra que la mejor satisfacción del conjunto de los acreedores.

La anterior afirmación simplemente es una constatación de la realidad concursal: cuando la Ley obliga a vender bienes en un breve período de tiempo y además dicha venta debe realizarla un órgano (Administración Concursal) no especializado en la venta de dichos activos, el precio que suele obtenerse por el activo no suele ser muy elevado.

A mayores, el cese de la actividad empresarial va a suponer la extinción de los contratos laborales de la plantilla de trabajadores de la empresa, lo que a su vez conlleva el devengo de las correspondientes indemnizaciones a favor de los trabajadores contra la masa, es decir, en la mayoría de las ocasiones impedirán que los acreedores concursales cobren un solo euro.

Pues bien, si conforme a la modificación comentada el adquirente debe asumir la deuda de la TGSS relativa a los trabajadores cedidos, en el supuesto (muy frecuente) de que dicha deuda sea de importante cuantía, el efecto económico de dicha asunción obligatoria será, alternativamente:

– el potencial y asustado comprador perderá el interés en la empresa, abocándola a la liquidación individualizada o por lotes de sus activos.

– o reducirá el precio de su oferta en el importe de la deuda de Seguridad Social que el legislador le ha obligado a asumir, quebrando con ello materialmente el esencial principio de comunidad de pérdidas, ya que dicha actuación conlleva que la TGSS cobre hasta sus créditos subordinados, quedando impagados todos los acreedores que por Ley tienen preferencia de cobro (ordinarios y privilegiados).

Todo lo apuntado no son protestas infundadas, es una realidad que ha sido constatada por los mayores especialistas en concursos de acreedores del país, los Jueces de lo Mercantil, que ya venían exonerando de la deuda con la TGSS a los adquirentes de unidades productivas cuando, antes de la reforma del art. 149.2 LC, la redacción de la norma dejaba margen de interpretación.

También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho (tal y como comentamos en nuestro anterior artículo) que es posible excepcionar, en situaciones de adquisición de empresas incursas en concursos de acreedores, la norma general de sucesión a efectos laborales (y de Seguridad Social) siempre que exista una norma que ampare dicha excepción.

Finalmente, el Fondo Monetario Internacional, ha recomendado expresamente al Reino de España que, cuanto menos, deje de constituir nuevos privilegios encubiertos (como lo es el que comentamos) a favor del crédito público. La razón: es el sector privado el que a largo plazo generará los recursos para el sostenimiento de la economía (sector público incluido).

Sin embargo, nuestro legislador sólo se preocupa con cumplir los presupuestos del año en curso, y si para ello hay que desguazar unas cuantas empresas por el camino se desguazan, aunque habrá que ver si realmente los ingresos de la TGSS se incrementan a raíz de la presente modificación o, simplemente, los potenciales compradores huyen asustados.

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