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Compraventa de unidades productivas y Seguridad Social (II)

En un artículo del mes pasado, exponíamos que en nuestra opinión la enésima reforma de la Ley Concursal había cometido un grave error al imponer la asunción de la deuda que la empresa concursada mantuviera con la Seguridad Social a los adquirentes de empresas (o unidades productivas) en concurso. Entendíamos que se trata de un nuevo privilegio a favor del crédito público contrario a las recomendaciones de los organismos internacionales que se ocupan de la materia y al desarrollo de la economía a medio y largo plazo.

Pues bien, esta semana hemos leído en los medios que recientemente se han dictado sendos autos por Juzgados de lo Mercantil (de Alicante y Barcelona) que establecen que el comprador sólo heredará la deuda con la Seguridad Social de los trabajadores que mantenga, no la del resto. Es decir, los jueces de lo mercantil, una vez más, han puesto coto al afán recaudatorio de los poderes públicos estableciendo la única interpretación razonable de unas normas (arts. 146 bis y 149 de la Ley Concursal) que resultan más oscuras de lo que resultaría deseable: tanto en su redacción como en el sistema de remisión normativa que contienen.

Pese a ello, es probable que la Tesorería General de la Seguridad Social recurra las anteriores resoluciones e intente imponer su visión sobre el tema: como la norma habla de sucesión de empresa a efectos de seguridad social, el adquirente deberá abonar hasta el último céntimo de la deuda de esta naturaleza que tuviera la sociedad concursada transmitente. Esta interpretación no sólo es contraria al espíritu claramente propicio a la transmisión de empresas de la reforma, sino que, además, quiebra el propio concepto de unidad productiva.

Si el adquirente de la unidad productiva delimita la misma por la rama de actividad en la que opera, claramente diferenciada del resto de la empresa, establece la Ley que existe sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en dicha transmisión. Si bien la Ley Concursal no especifica el alcance de la sucesión (lo que sería deseable), se ha venido entendiendo en la práctica que la sucesión laboral –que siempre ha existido- sólo afecta a los trabajadores que se transmitan con la unidad productiva, con lo que la lógica impone que el mismo razonamiento se siga a efectos de seguridad social.

Sin embargo, ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que la Tesorería General de la Seguridad Social intentará aprovechar la deficiente redacción de la norma para recaudar más de lo que le corresponde, aunque ello suponga la destrucción del empleo que con la transmisión se conservaría. Frente a ello cabría preguntarse ¿en virtud de qué fundamento económico o jurídico el adquirente de una unidad productiva debería asumir la deuda con la Seguridad Social correspondiente a unos trabajadores que no asume?

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