Competencia Territorial de los Cárteles

#Compromiso RÂIZ

En qué país se debe reclamar la indemnización

Muchos de los cárteles que se destapan en España y en Europa se encuentran integrados por grandes compañías extranjeras que, aunque son propietarias de una sociedad española (filial), no tienen un domicilio o establecimiento en España.

Y, no se olvide, la demanda debe dirigirse contra la matriz extranjera. Entre otros motivos porque demandar a la filial podría resultar inútil, pues muy probablemente esta no sea capaz de atender todas las indemnizaciones derivadas del cártel. Y no tiene sentido presentar este tipo de demandas, que exigen mucho tiempo y dinero, si al final no se va a poder cobrar una indemnización.  

No obstante, los abogados españoles no pueden llevar reclamaciones judiciales ante tribunales extranjeros. Por lo que la determinación del estado competente no es baladí.

La respuesta es la siguiente: las reclamaciones de indemnizaciones por productos comprados en España se deben de presentar en España.

Conforme a la normativa española, la competencia internacional de los tribunales civiles españoles viene determinada por las normas nacionales y de la Unión Europea.

Disponiendo nuestra normativa interna que, aunque el demandado no tenga su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes para conocer de reclamaciones de responsabilidad extracontractual (como son las reclamaciones por cárteles) cuando el «hecho dañoso» se haya producido en territorio español.

Y, en la misma línea, la normativa comunitaria dispone que, en materia de responsabilidad extracontractual, una persona domiciliada en un Estado miembro puede ser demandada en otro Estado miembro cuando en este último se haya producido, también, el «hecho dañoso».

Por tanto, la norma nacional y la comunitaria dicen en esencia lo mismo: que la demanda se debe presentar donde se haya producido el «hecho dañoso».

En materia de cárteles internacionales, esta norma ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dos ocasiones, para resolver sendos conflictos de competencia internacional.

En concreto en sus sentencias de 21 de mayo de 2015 (caso Hydrogen Peroxide) y de 29 de julio de 2019 (caso Daf Trucks).

En ambas sentencias el Tribunal Europeo concluyó que el «hecho dañoso» se produce en el lugar donde se adquiere el bien afectado por el cártel, debiendo seguirse estas reclamaciones ante los tribunales del país donde tuvo lugar dicha compra.

El argumento es que es en el lugar de la compra donde se produce el falseamiento de precios, esto es, donde se vende el bien con un indebido sobreprecio.

Además, si quien compró el producto «cartelizado» solicita una indemnización consistente en la diferencia entre lo que pagó por el bien y lo que hubiera pagado de no haber existido el cártel, en el procedimiento judicial habrá que analizar el mercado dónde dicho producto se compró.

Siendo los tribunales del Estado donde tiene lugar la venta los mejor situados para analizar su propio mercado nacional y determinar qué sobreprecio, en su caso, pagó el demandante por el bien afectado por el cártel.

Esto es, no tiene sentido que, por ejemplo, se tenga que determinar ante un tribunal alemán si un coche vendido en España se vendió con sobreprecio, o no. Incluso aunque se trate de un ciudadano alemán que compró un Volkswagen en España, y, por tanto, tanto el demandante como el demandado sean alemanes.

Lo lógico es que dicha cuestión se decida ante un tribunal español: pues los jueces, abogados, y peritos españoles son los mejor posicionados para analizar el mercado español de vehículos.

Habiéndose pronunciado en idéntico sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2020 (caso Volkswagen AG), referida a los coches vendidos con un software de emisiones de gases manipulado.

 

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