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Calificación de las sanciones tributarias impuestas con posterioridad a la declaración del concurso

Comentamos en el presente blog la sentencia dictada el 23 de febrero de 2011 por el alto Tribunal, la cual determinó que los créditos derivados de sanciones tributarias impuestas con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores no son automáticamente, tal y como podría pensarse en un principio, créditos contra la masa amparados por el art. 84.2.10º de la Ley Concursal: “Los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso…

Así, frente al recurso interpuesto por la abogacía del estado apelando al carácter constitutivo de la sanción administrativa, la sentencia comentada viene a resolver que, para la clasificación del crédito como concursal o contra la masa, habrá que atender no a la fecha en que se impuso la sanción por la administración, sino a la fecha en que se cometió la infracción por el concursado. Así, el TS establece que es el acto constitutivo del incumplimiento que se sanciona el que debe tenerse en cuenta a los efectos del art. 84.2.10º LC, o como pedagógicamente sintetiza la propia sentencia: “…lo que verdaderamente importa (…) es cuando se produce su nacimiento, y no su reconocimiento.”

Aprovechando la ocasión, en la propia sentencia se hace extensivo el anterior razonamiento, como no podía ser de otro modo, a la responsabilidad extracontractual del concursado regulada igualmente en el art. 84.2.10º LC, cuya calificación como crédito tampoco dependerá de la resolución judicial que la declare sino del momento en que se cometió el acto u omisión ilícito o negligente.

Continúa la sentencia haciendo referencia al concepto residual de la Ley como fuente material (no como principio general) de las obligaciones y matizando con agudeza que no es la Ley en sí misma la fuente obligacional, sino que aquélla atribuye a determinados hechos tal condición, cerrando de este modo el argumento relativo al nacimiento de las obligaciones con el incumplimiento fáctico de las obligaciones y no con su reconocimiento por la autoridad administrativa o judicial correspondiente.

Así pues, la mayoría (por no decir la práctica totalidad) de las sanciones tributarias impuestas con posterioridad a la declaración del concurso serán créditos concursales, ya que a partir de este momento será nombrada la Administración Concursal -que si bien en el régimen más habitual de intervención no asume responsabilidad derivada de obligaciones tributarias- cuya mera presencia interventora propiciará en la mayoría de los casos una mayor diligencia del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. La anterior afirmación es de aplicación esencialmente a los concursos voluntarios, ya que en caso de concurso necesario en régimen de suspensión, por un lado, la Administración Concursal sí que asume la responsabilidad derivada de las obligaciones tributarias del deudor y, por otro lado, es muy probable que el concursado que se encuentre en esa situación no colabore en absoluto, y eso si se le encuentra.

Por último, merece un breve comentario el hecho de que el crédito concursal (al derivar de una infracción cometida con anterioridad a la declaración del concurso) de la administración reconocido en la correspondiente sanción, será necesariamente calificado como crédito subordinado conforme a lo dispuesto en el art. 92.4º LC, cuyo tenor literal no admite discusión (“Son créditos subordinados: 4º.-Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”)
En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2011, no hace sino continuar la línea intepretativa que nuestro más alto tribunal ha venido siguiendo cuando se trata de resolver conflictos relacionados con la administración o con créditos tributarios y demás de derecho público:
Así, respecto del privilegio general del art. 91.4º LC, ha determinado que los créditos tributarios y demás de derecho público se calculen en el 50% de los mismos, una vez excluidos los créditos por retenciones al ser estos privilegiados en su totalidad por su origen ex art. 91.2º LC (y se entiende también los reconocidos con privilegio especial).

En la misma resolución se estableció que los créditos derivados de recargos tenían carácter subordinado, frente a la naturaleza indemnizatoria y disuasoria defendida por la abogacía del estado (STS de 21 de enero de 2009).

En cuanto a los créditos derivados de retenciones y de operaciones sujetas al IVA, se reafirmó el TS en su sentencia de 31 de enero de 2011 a favor del criterio del devengo y no de la liquidación del impuesto correspondiente, si bien específicó que dicho devengo coincide con el pago del salario y el de realización efectiva de la operación sujeta, respectivamente.

Asimismo, estableció la prevalencia de la aplicación de la Ley Concursal en sede de liquidación, frente a la aplicación de la Ley General Tributaria propugnada por la Administración.

Por último, ha considerado que son créditos concursales los derivados de las facturas rectificativas de sus acreedores tras la propia declaración del concurso siempre que respondan a operaciones realizadas con anterioridad a la declaración del concurso (STS de 3 de marzo de 2011).

En definitiva, a la luz de las mencionadas resoluciones es obvio que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo se orienta hacia una interpretación restrictiva de los privilagios reconocidos a la Administración por nuestra Ley Concursal. En nuestra opinión, no sólo es deseable que nuestro Alto Tribunal continúe en esa línea sino que consideramos que la Administración abusa de intepretaciones claramente parciales e interesadas, así como, por qué no decirlo, del ínfimo porcentaje de condenas en costas en las instancias inferiores.

¿Cómo vamos luego a creernos que en la práctica se rige por el Principio de Legalidad en su actuación y que las sanciones recaídas con posterioridad a la declaración del concurso no tienen un carácter unilateral e interesado?

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