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La calificación culpable por retraso en la solicitud de concurso: doctrina del Tribunal Supremo Vs Caso Spanair

En las situaciones de crisis empresariales, cuando la empresa entra en una situación de insolvencia la Ley Concursal en su artículo 5 impone al administrador el deber de solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que debió conocer dicha situación de insolvencia. Si la empresa solicita el concurso de acreedores y se abre la fase de liquidación, automáticamente se abrirá la fase de calificación y se estudiará la procedencia de imponer la temida responsabilidad concursal.

 

Uno de los motivos más frecuentes de calificación culpable e imposición de esta responsabilidad es el retraso en la solicitud de concurso que, para que conlleve la imposición de responsabilidad concursal deberá agravar la insolvencia, agravamiento que se presume y frente al que cabe prueba en contrario. La aportación de liquidez por parte de socios y administradores a una empresa en crisis, con el elevado riesgo de que no sean devueltos, es en principio una actuación que en muchos supuestos (no todos) conllevará la superación del estado de insolvencia o iliquidez.

 

Pues bien, la STS del Pleno de la Sala I de 12 de enero de 2015 estableció que, en caso de retraso en la solicitud de concurso, la aportación patrimonial puntual del administrador sólo sirve para que la sociedad continúe actuando en el tráfico y aumentando su déficit concursal, como resultaba del aumento del desbalance patrimonial en ese período. Es decir, entendió el alto Tribunal en aquel supuesto que pese a haberse aportado liquidez por parte del administrador, el retraso en la solicitud de concurso agravó la situación de insolvencia por haber aumentado las pérdidas contables en dicho período.

 

Desconocemos los pormenores de aquel supuesto, sin embargo, habida cuenta de que en situaciones de insolvencia en muchas ocasiones los socios son los únicos con voluntad de inyectar liquidez en la sociedad deudora, entendemos que la aportación de fondos en dichas circunstancias debe ser, en términos generales y efectuado el correspondiente análisis económico-financiero, premiada con la enervación de la presunción de concurso culpable del art. 165.1 LC.

 

Así lo ha entendido la reciente SAP de 19 de abril de 2016 (Spanair), la cual siguiendo un argumento diametralmente opuesto al del Tribunal Supremo entendió que el ingreso de liquidez se produjo de forma efectiva y vino a mitigar de forma sustancial todo el posible agravamiento de la insolvencia que se imputa a los administradores por la demora en la solicitud. Es de suponer que por la envergadura del concurso esta sentencia haya sido recurrida, siendo probable que el alto Tribunal deba pronunciarse sobre la misa y deseable que adopte la doctrina seguida por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

 

En definitiva, consideramos que sería muy recomendable la fijación de una doctrina jurisprudencial que determinase con claridad en qué supuestos y bajo qué condiciones las aportaciones de socios y/o administradores son válidas para superar la situación de insolvencia y contrarrestar la presunción del art. 165.1 LC. Se trata de dotar de una seguridad jurídica al sistema de calificación y responsabilidad concursal de la que actualmente carecemos y que es sin duda clave en la toma de decisiones de inversión por parte de los operadores económicos.

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