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Amnistía Fiscal: ¿Éxito o fracaso?

Desde que el pasado mes de marzo (a través del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo), , se aprobara la Declaración Tributaria Especial (en adelante “DTE”), conocida comúnmente como amnistía fiscal, múltiples han sido las Normas publicadas con el fin de “matizar” una medida tan extraordinaria como ésta. Entre otras, el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo (el cual incorporó un nuevo apartado a la regulación de la declaración tributaria especial para evitar situaciones de notributación) o la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo (que aprueba el modelo 750). Pues bien, en esa misma línea, el pasado 2 de junio, el Ministerio de Hacienda publicaba una resolución que pretende aclarar las dudas surgidas a asesores fiscales y contribuyentes a la hora de llevar a cabo el procedimiento de regularización.

A priori resulta complicado, a estas alturas (nos metemos de lleno en el verano) pensar que el Gobierno cumplirá con los ambiciosos objetivos recaudatorios de 2.500 millones de euros que se marcó conseguir con esta medida; y es que según informa GESTHA a día de hoy se habrían presentado no más de 150 DTE, y de importes no muy significativos. Una cosa está clara y es que el contribuyente no las tiene todas consigo para acabar de dar tan importante paso. Podríamos pensar que en un primer momento lo que le impedía darlo era la desinformación o la falta de una norma clara que abordase la medida de manera integral (faltaba por “aprobar” el modelo 750 que regulase con detalle qué había qué declarar exactamente); con el paso del tiempo y la publicación de las normas precitadas, podríamos pensar que el contribuyente «tiene miedo de las posibles consecuencias de acogerse a la DTE o “amnistía fiscal”.

En algunos casos, podría tratarse de una decisión puramente económica, el contribuyente que quiere regularizar prefiere optar por la vía tradicional de la regularización “voluntaria” extemporánea, con lo que cual pagará sólo por saldos prescritos (no por la totalidad de bienes y derechos como parecía derivarse de la norma en un primer momento) y sin sanción, si bien el coste fiscal puede ascender al 20% frente al 10% prometido con la amnistía fiscal.

Sin embargo, con la Resolución que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda se permite ya claramente declarar únicamente saldos prescritos, con lo cual ¿por qué el contribuyente optaría, por ejemplo, por la vía de la regularización voluntaria en este caso que le cuesta más que acogerse a la DTE?.

En primer lugar, porque no queda claro cómo juega la DTE con la imprescriptibilidad de las sanciones y, en segundo lugar, y porque como suele pasar lamentablemente en nuestro país, ya se han alzado distintas voces (por ejemplo, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda) que insisten en que aquellos que se quieran acoger a la amnistía fiscal deberán pagar el 10% del valor de adquisición de los activos ‘ocultos’ y no menos, explicando que la mencionada resolución, no es más que un informe que «simplemente refleja la opinión de la Dirección General de Tributos» y que «en ningún caso vincula a los órganos de revisión administrativos y mucho menos a los Tribunales de Justicia«.

Es decir, la discusión está servida.

En conclusión, razones de seguridad jurídica y no de otra índole son las que harán fracasar, o al menos no se conseguirá el objetivo de recaudación pretendido, a la ya famosa amnistía fiscal.

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