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Alargamiento del plazo de prescripción de la responsabilidad de los administradores societarios por el concurso de acreedores

¿Supone la presentación de un concurso de acreedores un escudo para los administradores societarios contra la exigencia de responsabilidad por parte de los acreedores? A la luz de la reciente Sentencia de 22 de diciembre de 2014 dictada por la Sala I del Tribunal Supremo no.

Ni para los administradores societarios ni para el auditor de la sociedad, el concurso evita la posibilidad de exigir responsabilidades posteriores por parte los acreedores, ya que la referida sentencia confirma la condena de ambos a indemnizar a los acreedores que interpusieron una acción individual de responsabilidad tras la conclusión del concurso.

Así, pese a la inicial desestimación de la demanda por el Juzgado de instancia al haber apreciado la prescripción de la acción (cuatro años desde el cese de los administradores que se produjo con la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores), tanto la Audiencia Provincial como el alto Tribunal han resuelto conforme a la literalidad de la Ley Concursal, cuyo art. 60 es claro y meridiano respecto de la interrupción por la declaración de concurso de las acciones frente a socios y administradores.

Sin embargo, pese a la claridad del precepto, la cuestión era controvertida en cuanto a la acción individual de responsabilidad (no así la acción social o la de responsabilidad por deudas), ya que su ejercicio no se ve afectado por la declaración de concurso, por lo que la interpretación sostenida por el Juzgado Mercantil relativa a la no interrupción no era, ni mucho menos, descabellada.

Es además interesante la resolución comentada porque el concurso fue declarado fortuito y, sin embargo, la responsabilidad de los Administradores y los auditores deriva de que se considera probado que las cuentas anuales de la concursada, no reflejaban la imagen fiel de su patrimonio al tiempo de generarse las deudas frente a los acreedores. Lo anterior conlleva que, pese a que la administración concursal no considerase acreditada la existencia de ninguna irregularidad contable relevante, en el procedimiento posterior de responsabilidad de administradores y auditores dicho extremo pudo ser contradicho.

En definitiva, la sentencia comentada del alto Tribunal conlleva una doble consecuencia jurídica en función de la perspectiva que adoptemos. Por un lado, incrementa la protección de los derechos de los acreedores, que podrán revisar la actuación de los administradores sin verse atados por la previa declaración del concurso como fortuito, mientras que, por otro lado, acarrea una mayor inseguridad jurídica para los administradores societarios que ven cómo se alarga el plazo de prescripción de su responsabilidad, sin que la misma pueda considerarse excluida por la referida declaración como fortuito del concurso de acreedores.

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