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Acuerdos de refinanciación: Matizando las noticias

Leíamos la semana pasada en uno de los diarios económicos de mayor difusión nacional el siguiente titular “Los jueces obligan a los bancos reticentes a refinanciar deuda. Las empresas pueden solicitar por vía judicial que los acreedores minoritarios renueven sus líneas de crédito y préstamos para evitar la quiebra si han logrado el apoyo del 75% del pasivo financiero”.

La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación del art. 71.6 LC (antigua Disposición Adicional 4ª) fue la novedad estrella de la Reforma de la Ley 38/2011 Concursal, o por lo menos fue de lo que más se habló en un primer momento, pese a que, tal y como acertadamente se recoge en el artículo periodístico comentado, de momento no han recaído muchas resoluciones homologando acuerdos de refinanciación por nuestros tribunales.

Así, la primera crítica que se nos ocurre al leer la noticia es que su titular confunde el sujeto de la oración al afirmar con rotundidad que son los jueces los que obligan a los bancos reticentes a refinanciar la deuda, cuando en realidad es el resto de acreedores tanto financieros (si se alcanza el 75%) como el resto (necesario que acepte el 60% del total) los que imponen estas limitaciones a los acreedores díscolos. Y es que, si atendemos a la R.A.E., el significado de homologar (Dicho de una autoridad: Contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un objeto o de una acción) no parece ser el que el periodista pretendió darle al redactar el titular, ya que una cosa es obligar en virtud de la potestad jurisdiccional y facultad decisoria que ostentan nuestros tribunales, y otra distinta comprobar el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos y que la convalidación u homologación del acuerdo obligue.

La segunda opinión discrepante se refiere al propio contenido de la obligación que se dice impuesta por los Jueces, y esto es más grave. De la redacción del artículo periodístico parece inferirse que la homologación judicial del acuerdo de refinanciación puede compeler a los acreedores disidentes a “renovar líneas de crédito” y esta afirmación es confusa. Es confusa en tanto en cuanto podría parecer que obliga a quien no quiere a conceder flujos de liquidez, mientras que lo que la Disposición Adicional 4ª dice lo que dice y es que los efectos de la espera pactada se extienden a las entidades no participantes en el acuerdo hasta un límite de 3 años, es decir, la renovación se refiere únicamente al vencimiento de las obligaciones, en ningún caso a la emisión de nuevas líneas de circulante, lo cual supondría un sacrificio patrimonial desproporcionado para los disidentes.

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