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Aclaración de criterios de los jueces de lo mercantil de Madrid sobre homologación judicial de acuerdos de refinanciación y garantías financieras

Los jueces de lo mercantil de Madrid (así como los de Barcelona), tienen la sana costumbre de celebrar reuniones para fijar inicialmente los criterios que van a regir la aplicación de las novedades que el desaforado legislador viene introduciendo en los últimos tiempos en materia concursal. Advierten los magistrados en todo momento que no se trata de dogmas inamovibles, sino de ofrecer a los operadores jurídicos un primer asidero donde poder apoyarse en el maremágnum de reformas, modificaciones y revisiones que asolan desde el comienzo de la crisis nuestro derecho de la insolvencia.

Pues bien, en este contexto les ha tocado matizar el criterio que en un primer momento sentaron para la afectación de las garantías financieras por los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente al amparo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal (LC).

Sin ánimo de ser exhaustivos (sino todo lo contrario), encuadraremos el problema de forma muy esquemática: los acuerdos de refinanciación de la Disposición Adicional Cuarta LC, son un instituto preconcursal mediante el cual, si el deudor cuenta con el apoyo de la mayoría de sus acreedores financieros podrá (desde el RD-Ley 4/2014) imponer al resto de acreedores financieros que no voten o estén en contra del acuerdo una serie de medidas de refinanciación (quitas, esperas, capitalización o conversión de los créditos en préstamos u obligaciones, son las más habituales), cuyo quebranto para el acreedor disconforme será mayor en función del porcentaje de acreedores financieros que apoyen el acuerdo (a mayor porcentaje más duras podrán ser las medidas impuestas al disidente).

De las novedades introducidas por el RD-Ley 4/2014 probablemente la más revolucionaria fue la de afectar a los créditos dotados con garantía real, que hasta entonces únicamente habían visto pospuesta su facultad de ejecutar judicialmente las garantías hasta la aprobación de un convenio de acreedores o el transcurso de un año desde la declaración del concurso.

Pues bien, en este escenario, se planteaba el problema de los acreedores dotados de garantía financiera, ya que conforme al art. 15 del RD-Ley 5/2005:

Los acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes.

De este modo, los jueces de lo mercantil de Madrid en un primer momento (Criterios de las reuniones de 7 y 21 de noviembre de 2014) establecieron que los titulares de pasivos con garantía financiera no podrían verse afectados contra su voluntad por lo pactado en los acuerdos de refinanciación homologados  de noviembre de judicialmente. Sin embargo, mediante la nota aclaratoria que aquí comentamos han señalado que lo que no puede verse afectada es la ejecutabilidad del acuerdo de garantía financiera, no así el crédito subyacente o garantizado que sí que se verá sometido al arrastre de las mayorías impuesto por la Disposición Adicional Cuarta LC. De este modo, si el acuerdo de refinanciación homologado judicialmente impone una espera a los acreedores financieros, no se darán los requisitos de ejecutabilidad (incumplimiento de la obligación garantizada) necesarios para realizar la garantía financiera, quedando ésta sometida al aplazamiento que imponga la mayoría y afectada, por lo tanto, por el acuerdo de refinanciación.

En nuestra opinión, se trata de una aclaración acertada y necesaria, que pone de manifiesto (una vez más) la ardua labor de los intérpretes de nuestra Ley Concursal, y la profunda ineficiencia de los muchos pero timoratos cambios legislativos que no terminan de dar una respuesta satisfactoria a la realidad de la insolvencia de nuestro país.

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